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Uno de los pocos beneficiados de la situación de inseguridad y violencia es el sector de las agencias de seguridad privada. Este ha crecido exponencialmente sin mayor control, tanto en número de vigilantes privados como de compañías, gracias a la demanda de empresas privadas e instituciones no gubernamentales de distinto tipo. Hoy, la vigilancia privada es un enorme negocio en el que participan más de 450 empresas, que juntas suman alrededor de treinta mil guardias. Todo un ejército que supera al número de miembros de la Policía Nacional Civil.
La falta de supervisión a estas empresas y a las actividades que realizan se debe en gran medida a una ley creada en el año 2001, que tiene importantes vacíos y no responde a la realidad actual. Pero también al desinterés de las autoridades. Un estudio sobre la vigilancia privada concluye que, no obstante la situación actual de inseguridad, el Estado no supervisa esta industria “ni le asigna verdadera importancia en la agenda política”. La División de Servicios Privados de Seguridad de la PNC es la encargada de realizar las inspecciones y extender las autorizaciones del caso, pero tiene poco personal y carece de los elementos jurídicos necesarios para ejercer sus tareas adecuadamente. Por ejemplo, no pueden sancionar con efectividad las faltas que detecta en las agencias de seguridad. A este desorden contribuye la Academia Nacional de Seguridad Pública, que debiendo ofrecer cursos a los vigilantes privados para acreditarlos como tales no lo hace con la frecuencia ni con la profundidad requeridas.
Actualmente, 85 agencias de seguridad privada están operando en la ilegalidad. Las agencias pueden extraviar armas sin dar parte a las autoridades, ocultar información a la Policía y a la Fiscalía sobre hechos delictivos cometidos por sus agentes, permitir que sus empleados traten mal a los ciudadanos, sin que pase nada. La razón es simple: por los vacíos de la ley, no hay modo de castigarlas. Los recursos legales presentados por las empresas ante las sanciones impuestas por la PNC han invalidado lo poco que decía la ley al respecto, volviendo totalmente inoperante el control policial sobre ellas. Además, violan con mucha facilidad las leyes laborales y han sido frecuentemente demandadas ante el Ministerio de Trabajo por ello.
Los horarios extendidos, normalmente de 24 horas seguidas, más de lo que permite la ley; la falta de reconocimiento del plus de nocturnidad y de las horas extras; el pago de salarios mínimos para tareas que implican un alto nivel de riesgo; la no entrega de las cotizaciones a las AFP son algunas de las violaciones al Código de Trabajo en las que incurren estas empresas. Y en no pocas ocasiones resuelven despidiendo a los vigilantes que presentan las denuncias o apelando las sanciones ante instancias superiores. Mientras todo esto sucede, muchas de ellas, especialmente las más grandes, obtienen elevados ingresos gracias a sus contratos con instancias del Estado y negocios particulares.
Las empresas de seguridad privada basan sus ganancias en lo mucho que cobran por cada vigilante y lo poco que le pagan a cada uno de ellos. De ese modo, gracias a un modelo de explotación y regateo de lo que la ley manda, han hecho de la seguridad un lucrativo negocio. Toca, pues, cambiar la legislación para que se dé el debido control y seguimiento al sector, para impedir que siga al margen de la ley e incumpliendo con sus obligaciones laborales, para evitar que sea un factor más de inestabilidad y abusos en nuestro país.
