Más que cambios de nombres

2016 se perfila como un año de enormes desafíos para nuestro país y, por supuesto, para sus gobernantes. La ya insoportable situación de inseguridad y criminalidad, y la presión mediática y ciudadana han obligado a cambios en el gabinete de seguridad. Pero el Gobierno debe actuar con serenidad, pensar con cabeza fría al operar estos cambios para que no sean solo para aplacar las críticas y subir en el ranquin de popularidad. En este sentido, debe aprender de las lecciones del pasado reciente. La administración de Mauricio Funes mostró en sus primeros meses una decidida voluntad de luchar contra el crimen y la corrupción, teniendo como base, por primera vez en el país, una Política Nacional de Justicia, Seguridad y Convivencia que daba un significativo rol a la prevención de la violencia y del delito. Funes incluso solicitó apoyo a la comunidad internacional para la conformación de una comisión internacional contra la impunidad, equivalente a la de Guatemala. Sin embargo, las cosas pronto cambiaron.

La presión mediática proveniente de la derecha política y económica le doblaron el brazo al Gobierno de entonces, que mostraba una considerable baja en los índices de aprobación ciudadana. A raíz de ello, se cambió a los titulares del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y de la Policía Nacional Civil, llevando a esos cargos sendos altos militares que luego fueron inhabilitados por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Además, se archivaron los casos de agentes policiales que eran investigados por su vinculación con el crimen organizado, la seguridad se militarizó y se comenzaron a aplicar estrategias muy arriesgadas, como la tregua entre las pandillas. Los puestos claves de inteligencia pasaron de nuevo a ser copados por militares, contradiciendo lo pactado en los Acuerdos de Paz.

Cinco años después de aquella situación, el Gobierno de Sánchez Cerén está sometido a una tremenda exigencia de efectividad y resultados. Pero a diferencia de la administración Funes, no solo enfrenta la constante presión mediática de la derecha, sino también el descontento generalizado de la población, incluyendo aquella que votó por el FMLN. El Gobierno debe entender que no todas las críticas obedecen a fines electorales o a intereses partidarios y económicos; hay muchas motivadas por la realidad lacerante e inocultable que vivimos. Y hay que decirlo: en El Salvador, la violencia se ensaña con los pobres. Son ellos los cada día ponen el mayor número de muertos, son ellos los que sufren el desplazamiento forzado interno a causa de la violencia, son ellos los que viven bajo las reglas de terror de las pandillas. Por eso, respaldar el clamor por una acción efectiva contra la violencia no es sumarse a la oposición, sino ponerse del lado de las víctimas.

La crítica constructiva, a diferencia de la permeada partidariamente, no tiene la intención de hundir a un Gobierno, pues cuando esto sucede le va mal a todo el país. La violencia que sufrimos requiere del concurso de todos los sectores. Hasta hoy, los Gobiernos de la posguerra no han tenido la voluntad de enfrentar de lleno la inseguridad y el crimen organizado. Se ha privilegiado el enfoque represivo, no la visión propia de un Estado democrático. Aunque muchos insensatos no lo reconozcan, el Plan El Salvador Seguro representa la política de seguridad más integral que el país ha tenido en su historia. Pero de poco sirve un excelente documento cuando el azote de la violencia tiene más protagonismo que lo que se hace contra ella. Por su lado, el poder económico no ha mirado más allá de su bienestar, se ha negado sistemáticamente a colaborar con lo que le corresponde para dotar de mayores recursos al Estado, a fin de reforzar las instituciones del sistema de seguridad y de justicia, y dignificar la vida de la población. La ridícula e insultante propuesta de la ANEP de aumento al salario mínimo es una muestra más de ello.

Todo cambio que el Gobierno realice debe estar encaminado a mejorar lo que se ha hecho hasta el momento, sin pensar en las próximas elecciones. En el centro de sus preocupaciones no debe haber más que el sufrimiento de los pobres, a quienes la violencia golpea frontalmente. Los cambios de nombres pueden ser importantes, pero no son suficientes. Es necesario atacar con decisión las expresiones de la criminalidad, pero también sus raíces estructurales; esas que ningún Gobierno de la posguerra ha querido tocar hasta hoy. La administración de Sánchez Cerén debe tener la seguridad de que los salvadoreños la acompañaran si toma las acciones que se requieren. De no controlarse esta violencia ni disminuirse significativamente, el futuro del país estará comprometido a muy corto plazo.