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En sus países se les teme, porque necesitar todo y no poder satisfacer nada suele llevar a acciones desesperadas. Por eso las casas y colonias se amurallan. A los poderosos les conviene que sigan siendo pobres, porque es más fácil que se conformen con ganar poco ante la falta de alternativas. Y ante la permanente situación de calamidad, se puede manipular fácilmente a muchos de ellos. Cuando se convierten en migrantes, los que antes eran temidos y excluidos son considerados héroes, porque mandan remesas y con ello mantienen la economía que los expulsó. Pero en los países de destino también se les teme, y por eso las murallas físicas, legales y diplomáticas que se levantan en su contra.
En Estados Unidos, en el marco de la pandemia, se decretó una medida sanitaria, el Título 42, que permitía expulsar rápidamente a los migrantes que entraban ilegalmente al territorio por las fronteras de Canadá y México, aduciendo que representaban un peligro de contagio del covid-19. Solo los menores de edad se salvaban de la deportación exprés. Desde que se aprobó la medida, el 20 de marzo de 2020, durante el Gobierno de Donald Trump, hasta marzo de 2023, la deportación se aplicó 2.8 millones de veces para expulsar migrantes, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del país del norte. Además, el Título 42 detuvo el sistema de asilo. Aunque muchos migrantes llegaron a Estados Unidos para escapar de algún tipo de persecución en su país de origen, no pudieron presentar su caso como facultan las leyes estadounidenses y estipulan los parámetros internacionales de derechos humanos.
La medida llegó a su fin el pasado 11 de mayo. Miles de migrantes latinoamericanos apostados en el lado mexicano asumieron que con ello podrían cruzar sin ser expulsados de inmediato. Sin embargo, la presión política y los cálculos electorales hicieron que el mismo día que terminó el Título 42 entrara en vigencia el llamado Título 8, que estaba vigente antes de la pandemia y fue reformado para volverlo más restrictivo. Las nuevas reglas del Gobierno demócrata castigarán severamente a quienes entren de manera ilegal y recompensarán a quienes soliciten hacerlo por la vía legal. Quien entre sin documentos perderá el derecho a solicitar asilo; a quien intente ingresar de nuevo sin documentación, se le prohibirá el reingreso por cinco años y podrá enfrentar procesos legales.
Además, el Gobierno estadounidense tiene proyectado abrir “centros regionales de procesamiento” en Guatemala y Colombia, que no son más que una reedición de los terceros países seguros. A dichos centros enviarán a los preseleccionados para aplicar al estatus de refugiado, a la reunificación familiar o a un permiso de trabajo; España y Canadá han aceptado recibir parte de estos migrantes siguiendo el proceso legal. Finalmente, ante la inminencia de una crisis, la administración de Biden ha reforzado con militares la frontera sur de Estados Unidos.
No se discute el derecho de los países a controlar el ingreso a su territorio; el problema es perder de vista el factor humano inherente a la migración. Ninguna de las medidas de control y contención será efectiva mientras persistan en los países de origen las causas que obligan a migrar y a buscar protección.
