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“Los soldados terminaron de matar a ese grupo de mujeres sin darse cuenta de que yo me había escondido, y se fueron a traer a otro grupo. Hacia las siete de la mañana acabaron de matar a las mujeres. Dijeron: ‘Ya terminamos’, y se sentaron en la calle a mis pies. ‘Ya terminamos con los viejos y las viejas, ahora solo hay esa gran cantidad de niños que han quedado encerrados’”. Este es un fragmento del testimonio de Rufina Amaya, quien con valentía denunció la que es considerada la peor masacre en el hemisferio occidental en los tiempos modernos. El compañero de vida y los cuatro hijos de Rufina, entre ellos una bebé de 8 meses, fueron parte de las cerca de mil vidas que fueron segadas en diciembre de 1981 en El Mozote y las aldeas aledañas. Han pasado 34 años y la masacre sigue en absoluta impunidad.
A pesar de las contundentes evidencias, a pesar de los cientos de osamentas de niños y niñas que lo atestiguan, todavía algunos niegan el hecho, y lo hacen cobijados en el manto de la impunidad, cuando no en el de la inmunidad. A estas alturas, está ampliamente comprobado que la gente masacrada en El Mozote era población civil ajena al conflicto y que el crimen fue cuidadosamente planificado. El respeto del Ejército a las normas democráticas y a los derechos humanos tendrá credibilidad cuando esta y otras barbaries cometidas por sus miembros sean reconocidas y sean motivo de vergüenza dentro de sus filas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado varias sentencias sobre la masacre. La última y más compleja fue la de 2012, pero hasta el momento muy poco se ha acatado, a pesar de ser de obligatorio cumplimiento, como lo establece el artículo 144 de nuestra Constitución. La sentencia exige la intervención de los tres poderes del Estado y, sin ninguna duda, representa un avance en el camino hacia la justicia y la dignificación de las víctimas. Además, constituye un hito en la labor de la Corte Interamericana, porque fue la primera sobre un caso de exterminio masivo de población civil planificado desde las más altas esferas de las Fuerzas Armadas.
Ciertamente, se deben reconocer pequeños avances en cuanto al resarcimiento de las víctimas y la aceptación por parte del Estado de la comisión de este crimen de lesa humanidad. El Ministerio de Educación ha reconocido como “oficial” la historia contada por las víctimas y validada por especialistas, de modo que el hecho sea conocido por la niñez salvadoreña para que nunca se vuelva a repetir. Sin embargo, lo que más preocupa a los sobrevivientes y familiares es el nulo avance en materia de la justicia. El titular del Juzgado de Paz de San Francisco Gotera, que estuvo a cargo del caso desde la década de los noventa, exhibió una vergonzosa actuación que tuvo como corolario recurrir a la vigencia de la ley de amnistía para no ordenar la investigación. Reprochable ha sido también el papel de la Fiscalía General de la República, que desde la firma de la paz no ha mostrado ningún interés en investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas antes y durante la guerra civil.
De hecho, ningún crimen de lesa humanidad ha sido judicializado en El Salvador. 34 años después de la masacre de El Mozote, la Fiscalía, en lugar de convertirse en aliada de las víctimas y de la asociación que las representa, más bien ha obstaculizado el proceso. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos hizo público recientemente que en el inicio de la denuncia, en los años noventa, el entonces titular de la Fiscalía ordenó presionar y hostigar a los testigos de la masacre a fin de que se contradijeran y así procesarlos por falso testimonio. En la actualidad, la Fiscalía sigue actuando reprochablemente, por lo menos en dos dimensiones.
En primer lugar, en vez de acreditarse en el proceso histórico, y por ende reconocer el cúmulo de pruebas que se han ido recopilando en todos estos años, el Fiscal General lo ha desconocido. El funcionario se ha negado tanto a investigar lo sucedido y dirimir responsabilidades como a declarar la inaplicabilidad de la ley de amnistía, tres de los puntos medulares de la sentencia de la Corte Interamericana. En segundo lugar, la Fiscalía ordenó reiniciar las exhumaciones sin el consentimiento de las víctimas, sin contar con personal acreditado que cumpla con los parámetros de rigor, sin la presencia de expertos internacionales, sin una exhaustiva investigación y sin que los familiares fuesen preparados antes para la identificación de sus seres queridos, incurriendo así en la revictimización y en nuevas violaciones a los derechos humanos.
En el caso de El Mozote, la justicia nunca termina de llegar. En los últimos años, el país ha mostrado avances en materia de derecho constitucional, pero no se puede decir lo mismo en relación al derecho penal. Cuando de derechos humanos se trata, la institucionalidad no funciona. Afortunadamente, los sobrevivientes, sus representantes y diversas organizaciones de la sociedad civil no están dispuestos a dejar de luchar para que se haga justicia y se cumpla la sentencia de la Corte. Y el nuevo juez que lleva el caso, el titular del juzgado de Meanguera, Morazán, ha dado muestras de profesionalismo, de tener compromiso con la justicia. Por aquellas mil víctimas inocentes, por los sobrevivientes, por el bien del país, es hora de que exijamos el cumplimiento de la sentencia sobre la masacre en El Mozote.
