Movilización ciudadana a favor del agua

En el Día Mundial del Agua, conmemorado el 22 de marzo, diversos sectores lamentaron que el país siga careciendo de la Ley General del Agua y que el derecho humano al vital líquido no haya sido reconocido en la Constitución. Inclusos actores ligados a la empresa privada reclamaron una legislación al respecto, porque, a su juicio, la falta de reglas claras afecta la inversión. La situación es crítica. Agua tenemos, ha dicho la Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el problema es que la mayoría de fuentes están contaminadas.

El Salvador enfrenta el peligro de no tener agua suficiente y de calidad para toda la población, es decir, estamos al borde del estrés hídrico. Por supuesto, como en casi todas las esferas de la vida nacional, los más afectados son los pobres. Aunque la cobertura del agua por cañería ha mejorado en los últimos años, el acceso al líquido es muy desigual, discrimina a la población que vive en la zona rural y en la periferia urbana.

Sin duda, la conciencia ciudadana sobre esta grave problemática crece día a día, cada vez son más los que apoyan la regulación del agua. Pero el quid de la cuestión radica en qué tipo de ley necesita el país. Primero, la normativa debe estar fundamentada en el reconocimiento constitucional de que el agua es un derecho humano. Esto quiere decir, en palabras de Leo Heller, relator de las Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, dar prioridad al uso personal y doméstico del líquido sobre otros usos. Por supuesto, esto no significa que a la industria, el comercio y la agroindustria se les deba negar el acceso al agua, sino que la primera necesidad a solventar es que todos los salvadoreños tengan acceso al agua en cantidad y calidad suficientes para el desarrollo de la vida.

En segundo lugar, al ser un derecho humano, el agua es un bien público y, por ende, el Estado tiene la obligación de garantizar y regular su protección, uso y distribución. El Estado es el último garante de que el derecho humano al agua sea efectivo, de que no se quede en el papel. Esto tampoco significa que los diversos sectores de la sociedad civil no puedan opinar y sugerir al respecto. La participación de todos los sectores en las decisiones sobre el agua no solo es deseable, sino necesaria. Sin embargo, el ente rector debe ser estatal.

Hasta el momento, sin dar ninguna razón convincente, los partidos de derecha se han negado a dar sus votos para reconocer al agua como un derecho humano. Por lo visto, prefieren recurrir a motivos vagos antes que decir pública y claramente que, para ellos, el agua debe regirse con la lógica del mercado. También se oponen a que la institucionalidad del ente rector del agua sea eminentemente estatal. Para la derecha, dicho ente debe estar conformado en su mayoría por miembros de gremiales empresariales.

En esa línea, la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa ha acordado inhabilitar a ministros y viceministros como miembros del ente rector al mismo nivel de dirigentes políticos y empresarios. O sea, los diputados de la comisión están cerrando las puertas a que la autoridad nacional del agua sea eminentemente estatal, contradiciendo así la propuesta que apoyan el movimiento social, la Iglesia católica, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la UCA.

Los políticos de derecha dicen reconocer que el agua es un derecho humano y que el ente rector debe ser público, pero buscan que este quede integrado en su mayoría por miembros de las gremiales empresariales o por personas que representan sus intereses. Dejar en manos de la empresa privada o de sus defensores la gestión del agua supone un conflicto de intereses, pues estos pasarían a ser juez y parte. Además, y más importante aún, se impondría la lógica del mercado en una cuestión en la que el país y su población se juegan su futuro. Por ello, es fundamental que los salvadoreños apoyemos la campaña de recolección de firmas que la Iglesia católica inició el 22 de marzo, a fin de acuerpar ciudadanamente la propuesta de institucionalidad estatal para el agua.