Mucho por hacer

Según informes de organismos internacionales y de la sociedad civil que defienden los derechos humanos, a pesar de los esfuerzos realizados para combatir la trata de personas en el país, especialmente cuando esta tiene fines de explotación sexual, todavía hay mucho por hacer. El informe presentado en 2015 por la Embajada de Estados Unidos describe así la situación:

El Salvador es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños sujetos a la trata para explotación sexual y trabajo forzado. Hombres, mujeres y niños, incluyendo personas LGBT, son explotadas sexualmente dentro del país. Adultos y niños salvadoreños son sujetos a mendicidad forzada y trabajo forzado en labores agrícolas y domésticas. Algunos hombres, mujeres y niños de países vecinos —especialmente de Nicaragua, Guatemala y Honduras— son sujetos a trata sexual, esclavitud doméstica o trabajo forzado en la construcción o en el sector informal. Las pandillas someten a niños a trabajo forzado en actividades ilícitas, que incluyen la venta o el traslado de drogas. Hombres, mujeres y niños salvadoreños son sometidos a trata sexual y trabajo forzado en Guatemala, México, Belice y los Estados Unidos. Los medios y funcionarios gubernamentales reportan que grupos criminales, incluyendo organizaciones criminales transnacionales, están involucradas en delitos de trata. Algunos salvadoreños que emigran de forma irregular hacia los Estados Unidos son sometidos a trabajo forzado, actividad criminal forzada o explotación sexual durante la ruta o al llegar. Algunos migrantes latinoamericanos que transitan por El Salvador hacia Guatemala y Norte América son posteriormente explotados sexual o laboralmente. La corrupción, especialmente en el ámbito judicial, continúa siendo un obstáculo para los esfuerzos de aplicación de la ley. En 2014, los medios reportaron que varios funcionarios públicos, incluyendo diputados, funcionarios de partidos políticos y un alcalde pagaron por actos sexuales con víctimas de trata. Agentes penitenciarios y empleados judiciales han sido investigados por complicidad relacionada con la trata.

Según el informe de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, quienes están más expuestos a la trata son las mujeres y las niñas, que usualmente son víctimas de la explotación sexual y de la servidumbre doméstica. En particular, uno de los grupos con mayor vulnerabilidad es el de las mujeres y las niñas migrantes irregulares. En el caso de El Salvador, la mayoría de las víctimas cae en redes de prostitución en la frontera entre Guatemala y México.

La trata de personas es una industria floreciente que provee grandes ingresos a quienes la regentan. Por tanto, cuando estos delincuentes son descubiertos y llevados ante las autoridades judiciales, tienen los recursos suficientes para corromperlas. Como señala el informe antes mencionado, no son pocos los funcionarios que han sido investigados por participar y aprovecharse de la trata de personas.

Ciertamente, en El Salvador se han dado avances importantes para combatir este delito. En 2014 se aprobó la ley contra la trata de personas, que dio pie a la creación de unidades especiales tanto en la PNC como en la Fiscalía General de la República. Además, se cuenta con un Consejo Nacional contra la Trata de Personas y con una política nacional sobre el tema, que sin duda facilitan tanto la prevención como la persecución. Sin embargo, como afirmamos antes, todavía falta mucho por hacer. En nuestro país, la ley no se aplica a todos por igual. Cuando los involucrados son figuras públicas o cuentan con recursos económicos, con facilidad logran eludir la justicia.

Las autoridades han puesto mayor énfasis en las víctimas de trata sexual, un delito más visible y, por tanto, relativamente más fácil de perseguir. Pero no debe dejarse de combatir, por complicado que sea, la trata de personas con fines de trabajo forzado, especialmente en el caso de niños y niñas, que en muchas ocasiones adopta las formas de mendicidad obligada o servidumbre doméstica, entre otras. De este tipo de trata hay poca información, aunque se tienen indicios de que existe y es más común de lo que parece.

Lo que da aliento a la trata es la condición de pobreza y exclusión de una buena parte de la población salvadoreña. La lucha contra el flagelo requiere, por supuesto, de una transformación cultural que erradique el machismo imperante, conciencie sobre la problemática, promueva la prevención del delito y la tolerancia cero frente a él. Pero también de cambios sociales que ataquen tanto la discriminación como la pobreza que persisten en nuestra sociedad. Mientras ambas existan, los tratantes seguirán capturando con facilidad a sus víctimas y la trata seguirá siendo un lucrativo negocio que esclaviza a miles de personas.