El transporte público mueve a El Salvador, sobre todo a ese mayoritario sector de la población que no tiene otra alternativa para desplazarse. Por eso, paralizarlo pone en jaque al país y en problemas a quienes lo dirigen. Los salvadoreños y el Gobierno del FMLN acaban de vivir y sufrir un paro al transporte público que se extendió por cuatro días. De alguna manera, esta coyuntura comenzó el sábado 18 de julio cuando dirigentes del Frente y funcionarios de alto nivel afirmaron que se estaba fraguando un golpe de Estado, de estilo silencioso, suave. Aunque en un primer momento señalaron a Arena como la cara pública de la derecha que promueve el supuesto golpe, después matizaron la afirmación diciendo que eran sectores derechistas, sin detallar a quiénes se referían. Una semana después de esta denuncia que provocó no pocas reacciones adversas —incluidas las de dos embajadores—, el lunes 27 de julio el país amaneció semiparalizado por el paro del transporte público impuesto por las pandillas a través de amenazas y acciones de hecho, como el repudiable asesinato de ocho motoristas.
Desde un análisis social y político es muy difícil no relacionar el anuncio de los dirigentes de izquierda sobre la planeación de un golpe de Estado con los cuatro días de caos que provocó el paro. Por eso se considera que la actual coyuntura comenzó con el anuncio del 18 de julio. Aunque los encargados de la seguridad del país y hasta el mismo Presidente declararon que del paro solo tuvieron noticia hasta el domingo 26 (cosa que, de ser cierta, evidenciaría la lamentable situación de la inteligencia del Estado), ¿se estaban curando en salud cuando anunciaron medidas de desestabilización para propiciar un golpe? Es decir, ¿sabían que se avecinaba la acción de las pandillas? El pésimo manejo inicial de la situación y el tardío plan de contingencia que se implementó parecen ser las pruebas de que no supieron nada del asunto sino hasta un día antes de que el transporte dejara de circular. Pero precisamente una de las líneas de interpretación entiende al paro como parte de la estrategia de desestabilización que anunciaron los dirigentes de la izquierda. Algunos incluso acusaron a los transportistas de estar involucrados directamente en la planificación de esta acción.
Por otro lado, por algunas de las situaciones que se dieron en los días que duró la medida, se llegó a afirmar que habíamos vuelto al punto de hace 30 años, a dinámicas típicas del conflicto armado. Pero este tipo de valoraciones son propias de los que vivieron la guerra. A las nuevas generaciones lo sucedido esta semana no les dice mayor cosa de la guerra civil de los ochenta. Pero más allá de eso, hay otras interpretaciones plausibles. Durante la guerra, no había duda de quién convocaba los paros del transporte. En el de estos días, ¿es claro qué actores estuvieron involucrados? Dado que el principal afectado por la falta de buses es el pueblo pobre y trabajador, ¿a quiénes benefició el paro? Al realizar un análisis detenido, salen a flote una mezcla de intereses.
En primer lugar, por supuesto, los de las pandillas, que han hecho público su deseo de entablar un diálogo con el Gobierno, pero sin encontrar respuesta. En este sentido, el paro al transporte, además de ser una demostración de poderío, buscaría obligar a los funcionarios a iniciar conversaciones. Esta es la interpretación más difundida y la que ha sido asumida por la administración de Sánchez Cerén, que sigue negándose rotundamente a la pretensión de las pandillas de alcanzar acuerdos. En el pasado, un sector de los actores políticos se metió a la lucha armada ante el cierre de espacios. En la actualidad, las pandillas son protagonistas de una guerra social, y por medio de la fuerza pretenden convertirse eventualmente en actores políticos y obligar al Gobierno a escucharlos. Es un hecho que los grandes conflictos se resuelven a través de decisiones y pactos políticos. Y eso es lo que buscarían los líderes de las pandillas.
Sin embargo, no hay que perder de vista que el paro también puede beneficiar a otros actores. En el caso de Arena, que no desperdicia ninguna oportunidad para sacar raja política de cualquier situación que ponga en entredicho al Gobierno, el paro le vino como anillo al dedo a su estrategia quinquenal: hacer aparecer al FMLN como incapaz de gobernar al país. También a la institucionalidad castrense el paro pudo beneficiarle, pues da nuevos bríos a la idea de poner más soldados en las calles, para lo cual se necesitarán refuerzos presupuestario que no suelen llegar directamente a la tropa que expone su vida. Como sea, lo que queda claro en esta madeja de interpretaciones e intereses es que tenemos unas deficientes clases dirigentes, tanto la política como la empresarial. Y con o sin golpe, sea suave o tradicional, lo cierto es que estos días desestabilizaron al país entero, no solo al Gobierno.