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En El Salvador, después de la guerra civil, se han manejado dos hipótesis sobre el desarrollo. La primera, generalmente representada por Arena, apuesta por la empresa privada como gran motor de desarrollo. La segunda, defendida por el FMLN al menos teóricamente, da más importancia al protagonismo del Estado. Hoy, con el actual Gobierno, hay poca claridad al respecto. Su liderazgo insiste en la importancia del Estado, representado especialmente en el Ejecutivo, en la gestión del país, pero no se observa animadversión hacia la empresa privada, salvo casos particulares concretos.
Que la empresa privada pueda gestionar el desarrollo es falso. Puede colaborar de un modo importante, pero gestionar es otra cosa: implica políticas públicas, planificación nacional, satisfacción de necesidades basada en derechos humanos. A la empresa le interesa la rentabilidad y la ganancia. El resto lo ve como secundario. Los Gobiernos de Arena fueron un buen exponente de ello. Durante su gestión, aumentó la desigualdad; y se legó una pesada herencia de corrupción e irrespeto a los derechos humanos.
Por el contrario, y siempre teóricamente, la tendencia estatista prioriza las estructuras de servicio a la persona. Sin embargo, el FMLN, a pesar de hablar de la urgencia de solventar los problemas de pobreza y poner en el centro a los sectores más débiles y vulnerables, apenas honró sus propios principios. La desigualdad y las principales estructuras que la generan, incluidas estatales, permanecieron incólumes durante los Gobierno de dicho partido, así como los efectos de violencia, migración, pobreza y corrupción que esa misma desigualdad produce.
Más allá del fracaso del FMLN en sus dos períodos, es claro que el Estado no puede gestionar por sí solo el desarrollo, mucho menos de un modo autoritario. El Estado necesita la colaboración de la empresa y de la sociedad civil. Y para ello es indispensable el diálogo. Política, trabajo, pensamiento y capital deben ponerse metas de construcción de futuro y evaluarlas conjuntamente. El Salvador tiene unos desafíos que superan las posibilidades de sectores o grupos pequeños gestionando el poder. Acaba de publicarse un estudio de la Cepal sobre el cambio climático que coloca a nuestro país como uno de los más vulnerables de América Latina. Además, la pandemia de covid-19, que tanto nos está haciendo sufrir y que puede tener nuevas oleadas, ha puesto al descubierto las profundas debilidades de los servicios públicos.
Por el momento, es difícil siquiera hablar de diálogo, pero es indispensable. Ni Arena, lastrada por su cortedad de ideas, su dependencia del poder económico y su corrupción; ni el FMLN, con su estatismo teórico obsoleto y una seria ineficiencia a la hora de gobernar; ni Nuevas Ideas, con su liderazgo autoritario y su falta de un proyecto nacional claro, pueden poner al país en una vía decente de desarrollo y justicia social. El Salvador puede salir adelante y alcanzar niveles de desarrollo digno porque tiene las personas y la capacidad para ello. Pero quienes gestionan la política, la empresa, la sociedad civil y el trabajo tienen que salir de esa tendencia a buscar primero la ventaja personal, gremial o institucional, y alcanzar un nivel de diálogo que lleve a la capacidad de sacrificar intereses personales y grupales, sobre todo de ese 20% que vive en la comodidad.
Es absurdo creer que podemos vencer la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad del país ante las enfermedades, el cambio climático y el desastre sin diálogo, sin planificación conjunta del futuro y sin sacrificio. Y en ese diálogo será necesario que participen todos los partidos políticos, la empresa privada, el mundo del trabajo y la sociedad civil. Si cada uno busca su camino, la solución a nuestros problemas será cada vez más difícil y traumática.
