No más paños tibios

El transporte colectivo es siempre fuente de malas noticias. Por falta de mantenimiento, a un bus le fallan los frenos, se sale de la vía y causa decenas de heridos; un asalto en un microbús deja a un pasajero en cuidados intensivos; una unidad de transporte colectivo arrolla a unos peatones por exceso de velocidad; un motorista es detenido por conducir en estado de ebriedad... son algunos de los hechos que diariamente aparecen en los periódicos. Y una vez más, el sector vuelve a ser noticia, y como es usual no se trata de una buena: los empresarios de buses y microbuses han amenazado con subir el pasaje.

Es poco menos que absurdo que los empresarios de un servicio pésimo, inseguro y en permanente deuda con la ley se atrevan a chantajear a las autoridades con una medida que dañará a los usuarios que ya sufren con dicho servicio. Ello no es más que una forma de extorsión para obligar al Gobierno a buscar una salida al conflicto que favorezca sus intereses. Para los dueños de los buses y microbuses, la única solución ante el aumento de los precios de los combustibles es que les incrementen el subsidio, que les paguen lo que ellos quieren. Y no es poco lo que están exigiendo: 700 dólares mensuales por cada bus y 350 por cada microbús. Sin embargo, no hay ningún estudio serio que justifique estos montos.

Por otro lado, el caos administrativo que caracteriza a las empresas de buses impide conocer con certeza cuál es la verdadera situación económica y financiera de las mismas. Se desconoce el número de pasajeros que abordan diariamente cada unidad y, por tanto, cuáles son los ingresos reales de este negocio. Si no existe un diagnóstico objetivo y bien documentado que muestre el verdadero costo del transporte, mucho menos es posible conocer cuáles son sus utilidades o el monto de sus pérdidas.

Tampoco se puede olvidar que a estos empresarios nadie los obligó a meterse en el asunto; si están en el negocio es porque les ofrece beneficios. En realidad, son ellos los que tienen el control del transporte colectivo y no el Viceministerio de Transporte. Y por esta razón el caos no es solo administrativo, sino también de servicio: mientras algunas líneas tienen unidades en exceso, en otras son insuficientes para cubrir la demanda.

Dado que el transporte colectivo es un servicio indispensable, su precio debe estar al alcance de los bolsillos de los usuarios. Con los precios actuales, un trabajador que gana el salario mínimo dedica entre el 10 y el 15 por ciento de sus ingresos al pago del transporte; al subir el pasaje a 40 centavos, el gasto en transporte le significaría entre el 20 y el 25 por ciento del total de su sueldo. Ciertamente, un incremento de esa magnitud sería un golpe muy fuerte a las finanzas de los trabajadores, y es comprensible que el Gobierno quiera evitar a toda costa que ello suceda.

Pero la vía de los subsidios no es la solución al problema del transporte colectivo. La problemática del sector proviene de su privatización, de su organización gremial vinculada a grupos de poder y de unas autoridades que han sido muy permisivas e incapaces de hacer cumplir la ley. El resultado de la discusión actual sobre el aumento al subsidio, aun cuando se ceda a lo que los buseros exigen, solo será un paño tibio, una solución temporal, y en pocos meses se volverá a la misma situación.

Cada vez que las autoridades han negociado un nuevo subsidio para los buseros, estos han asegurado que el sistema de transporte va a mejorar, que se tendrán unidades nuevas, que los choferes y cobradores serán capacitados para dar un mejor servicio al usuario... Pero todo ello ha quedado siempre en palabras. Hasta la fecha, los usuarios del transporte público no han visto ninguna mejora en el servicio, sino todo lo contrario: unidades cada vez más desvencijadas, más maltrato, más inseguridad.

La verdadera solución pasa por un nuevo sistema de transporte, que sea verdaderamente público y que esté efectivamente bajo el control de las autoridades. Este es el momento oportuno para que el Gobierno inicie los estudios para la planificación de este nuevo sistema de transporte, diseñe un plan gradual de ejecución del mismo y utilice para ello los fondos que exigen los buseros para el subsidio. Solo así en un plazo de 5 años podremos tener un transporte colectivo digno y de calidad que no vacíe las exiguas arcas estatales.