No pasa nada

Es raro el día que amanece sin un nuevo caso de corrupción. A los sobresueldos ministeriales le ha seguido la noticia de la entrega de más de medio millón de dólares por parte de los diputados. La beneficiaria: una asociación de claras raíces políticas que era presidida por la esposa del actual presidente de la Asamblea Legislativa. Y como de costumbre, lo que se descubre no tiene ningún efecto. Desde hace más de 25 años se sabe de los sobresueldos. Los nombres de diputados que tenían guardaespaldas trabajando en sus propias haciendas o negocios aparecían con frecuencia en los periódicos. Y seguían siendo diputados. Aún está fresco el recuerdo del presidente de la Asamblea que tenía como asesor legislativo al encargado de llevarle sus negocios particulares. Este personaje sigue ocupando puestos en el Estado. Los parientes, amigos, recomendados que trabajan en instituciones estatales gracias a recomendaciones partidarias, no a la calificación y capacidad profesional, constituyen una verdadera plaga.

El uso de vehículos oficiales para transportar a la familia, ir de compras o llevar a los niños al colegio es una práctica habitual. Un diputado puede dispararle a la PNC, golpear a su mujer, abusar sexualmente de una empleada, dirigir ebrio la Asamblea Legislativa, apoyar con su voto la entrega de fondos otorgados con arbitrariedad a su propia esposa sin que pase nada. Incluso las mujeres de los diputados que son funcionarias se arriesgan a perder su empleo si denuncian a sus esposos por maltrato. En este contexto, es perfectamente razonable que gran parte de la población considere a la política como un pozo de corrupción. En buen grado, la tarea indispensable de liderar la democracia está en manos de personas antidemocráticas y corruptas. Porque hacer trampa desde el poder para favorecerse económicamente no es democrático.

Después de la guerra, la sociedad salvadoreña pidió la depuración del Ejército. Cada vez que la crisis de la seguridad pública se agudiza, se habla de sanear a la Policía. Pero de lo que no se habla nunca es de depurar a la clase política. Es vergonzoso que la Asamblea Legislativa no disponga de un comité de ética que pueda investigar y sancionar adecuadamente a los diputados. Los sistemas que existen en la actualidad para ello son tan engorrosos, tan sujetos a manipulación y, en definitiva, tan inútiles que conducen siempre a la impunidad de verdaderos delincuentes. Ciertamente, los sinvergüenzas y corruptos no son mayoría en la Asamblea. Pero todos los legisladores probos corren el peligro de ser considerados cómplices ante la ineficacia y la incapacidad de poner freno a sus compañeros que manchan la democracia y fundamentan la idea de la política como una actividad degenerada.

Urge que la Asamblea tenga su propio mecanismo de control ético para investigar, sancionar, multar e incluso destituir a los diputados. Para esto último habría que reformar la Constitución. Pero dado el descrédito al que está sometida la Asamblea Legislativa, una reforma al respecto haría que se ganara confianza en este órgano del Estado. Curiosamente, son los partidarios de la mano dura contra la delincuencia común los que desean y defienden la mano blanda para los sinvergüenzas incrustados en la Asamblea. Los amantes de la democracia, que sin duda existen y son más, deberían salir de su letargo e impulsar una reforma. Por lo menos que se logre la creación de una comisión de ética legislativa seria, independiente y efectiva, que vele por los valores propios de la democracia. No se puede seguir en la inactividad mientras la opinión pública piensa que la mayor parte de los políticos son corruptos. Aunque esto último no sea del todo cierto, los desmanes de los malos diputados terminan pesando más que la dignidad de la mayoría parlamentaria. Esto no es bueno para el país, ni para la cohesión social, ni para la democracia.