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El descanso de las vacaciones de agosto debiera servirnos para reanudar los esfuerzos para enfrentar con lucidez y decisión los graves problemas del país. Como se sabe, el Gobierno no tiene liquidez para solventar sus compromisos económicos. La situación es tan crítica que ni siquiera se tiene el dinero pagar los salarios del sector público hasta fin de año. A excepción de la ANEP y de las instancias que representan sus intereses en el mundo de la política y de la academia, cada vez más sectores coinciden en que se necesita incrementar la recaudación fiscal. Por supuesto, el uso racional de los recursos y la reducción de todo gasto superfluo son tareas urgentes, pero el principal problema a resolver para que el país salga adelante es del todo claro.
El Fondo Monetario Internacional ya recomendó aumentar la carga tributaria y un estudio reciente de la Cepal y de Oxfam llama a que las personas más ricas y las empresas paguen los impuestos que les corresponden. Según dicho estudio, en El Salvador, los más ricos tributan menos del 5% de sus ingresos, mientras que el mayor aporte al fisco proviene del descuento de la renta a los trabajadores. Por ello se considera necesario que también se grave el capital. Además, que en El Salvador se dejan de captar unos 1,500 millones de dólares al año es una afirmación del informe económico de la UCA que a algunos no gusta, pero que hasta el momento nadie ha refutado. Al contrario, la afirmación la refuerza el estudio de la Cepal y de Oxfam, que señala que la salida de dinero salvadoreño hacia paraísos fiscales se ha multiplicado 18 veces en los últimos 15 años.
La evasión y elusión, como la violencia, la corrupción y el machismo, se han convertido en una especie de cultura en la que están inmersos no solo los que más tienen. A este respecto, aunque sea impopular decirlo, resulta llamativa la evasión de los profesionales independientes que brindan servicios a la ciudadanía. Entre psicólogos, médicos e instructores de arte o deportivos, por ejemplo, está extendida la práctica de no emitir factura por los servicios que ofrecen, así como común es que en las gasolineras se le pregunte al consumidor si desea factura, a pesar de que es obligación darla. Cada vez que un profesional brinda un servicio y no entrega el correspondiente comprobante acreditado por el Ministerio de Hacienda, y cada vez que quien recibe el servicio acepta pasivamente un simple recibo, se actúa en contra del interés nacional. Ciertamente, la clase media ha visto reducido su poder adquisitivo en los últimos años, pero para sacar a El Salvador de la situación en la que se encuentra, todos, sin excepción alguna, debemos colaborar activamente. Los cambios culturales son los más difíciles y lentos de realizar, pero el paso hacia una cultura de responsabilidad fiscal a todo nivel no puede postergarse más.
