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El 10 de noviembre, el Presidente del Tribunal Supremo Electoral anunció el inicio del proceso que finalizará con la elección de alcaldes y diputados el 11 de marzo del próximo año. Estas elecciones municipales y legislativas van a tener novedades importantes. En primer lugar, el voto residencial en 185 de los 262 municipios del país, una demanda de la población cuya satisfacción ha sido postergada a lo largo de estos años de democracia. Acercar el voto a las personas, llevar las urnas al lugar de residencia, es un paso adelante para facilitar la participación electoral y evitar irregularidades el día de la votación. Por ejemplo, una vez se implemente el voto residencial, los partidos ya no podrán pedir el sufragio a su favor a cambio de transportar a los ciudadanos desde los cantones hasta las cabeceras municipales.
Otro hecho relevante y novedoso será la posibilidad de votar directamente por los candidatos a diputados, pudiendo cada votante escoger a los que sean de su agrado. Novedosa es también la participación de candidatos no partidarios en el proceso electoral; ello a pesar de las trabas procedimentales que deberán enfrentar para alcanzar la inscripción de sus candidaturas. En este sentido, queda pendiente que en las contiendas electorales posteriores los candidatos independientes puedan participar en igualdad de condiciones que los partidarios.
Como se sabe, el proceso que ha conducido a estas reformas no ha sido fácil, ha estado lleno de obstáculos y zancadillas. A lo largo del último año, la Asamblea ha tenido que modificar una y otra vez la ley electoral para adecuarla a la Constitución, tal y como la han interpretado los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y estas modificaciones han sido hechas a regañadientes, casi en contra de la voluntad de buena parte de los legisladores. Sin embargo, al final, el resultado es positivo: las reformas implementadas profundizan la democracia y hacen que el cuerpo legal sea más acorde con los derechos constitucionales de los ciudadanos. La sociedad salvadoreña, pues, debe congratularse por estos avances que perfeccionan el sistema electoral y seguir insistiendo en lo que ha quedado pendiente.
Porque queda pendiente extender el voto residencial a los 77 municipios restantes, abrir la posibilidad de las candidaturas no partidarias o independientes para las elecciones municipales, y regular la pluralidad de los consejos municipales, de modo que estos queden integrados por concejales de los distintos partidos que participaron en la contienda, en proporción a los votos obtenidos por cada uno. De este modo, los consejos municipales gozarán de un mayor pluralismo y representación de los intereses de la población, y se facilitará desde dentro el control en el uso de los recursos.
Por otra parte, sigue sin cumplirse la sentencia de la Sala de lo Constitucional que declara inconstitucional la existencia del PDC y del PCN. Y ello porque los magistrados Walter Araujo y Fernando Argüello Téllez, representantes de Arena y de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente, se negaron a dar su voto para ratificar la cancelación ordenada por la Sala. Dicha negativa ha causado que a estas alturas todavía no se sepa si dichos partidos participarán en la contienda electoral. Tampoco está claro cuál será el modo de contabilizar los votos por candidato en relación a los votos por bandera; es decir, no se sabe si en el resultado final pesarán más las listas presentadas por los partidos o los votos otorgados a los candidatos. Estas dudas deben aclararse cuanto antes para que la población sepa muy bien a qué atenerse a la hora de ejercer su voto.
Si estos aspectos tan cruciales no son bien conocidos por la población, podrían darse errores que terminen cuestionando la validez de las elecciones. En este marco, la tarea del Tribunal Supremo Electoral es clara: debe lanzar una campaña que informe a todos los potenciales votantes sobre las nuevas condiciones de esta cita electoral, a fin de que puedan ejercer su derecho con pleno conocimiento de causa. En dicha campaña será clave el apoyo de las organizaciones políticas y de la sociedad civil.
