Oportunidad de verdad y justicia

Dos acontecimientos recientes constituyen una buena oportunidad para conocer la verdad de lo que ocurrió en nuestro país durante los años de la guerra. Los protagonistas de estos dos hechos son el general Carlos Eugenio Vides Casanova, quien ocupó importantes puestos en las fuerzas de seguridad de El Salvador, llegando a ser director de la Guardia Nacional y ministro de la Defensa, y el coronel Inocente Montano, quien fue viceministro de la Defensa en el Gobierno de Alfredo Cristiani.

Vides Casanova fue acusado en una corte estadounidense de haber "cometido, ordenado, incitado, ayudado o participado de algún modo en actos de tortura y ejecución extrajudicial en El Salvador", y se le atribuyó la responsabilidad de la desaparición y asesinato de las cuatro monjas Mariknoll en 1980, cuando era director de la extinta Guardia Nacional. De acuerdo con las leyes de inmigración, que señalan que los extranjeros que han violado derechos humanos no pueden permanecer en aquel país, las autoridades estadounidenses decidieron deportarlo a El Salvador, lo cual tuvo lugar el pasado 8 de abril.

La condena en Estados Unidos y la demanda de las organizaciones de derechos humanos y de los comités de víctimas por la verdad y la justicia son una oportunidad para que Vides Casanova sea llevado ante los tribunales salvadoreños y pueda dar cuenta de los crímenes que se cometieron mientras fue director de la Guardia Nacional y ministro de la Defensa. Aunque los enemigos de la verdad y protectores de los violadores de derechos humanos señalen que la ley de amnistía protege al exmilitar y que mientras esta esté vigente no puede ser juzgado, hay otros argumentos a considerar.

Por un lado, los convenios internacionales señalan que las amnistías no pueden cubrir a los que cometieron crímenes de lesa humanidad; y esos convenios han sido suscritos por El Salvador. Por otro lado, la Sala de lo Constitucional, en 2000, sentenció que en los casos de violaciones a derechos humanos deben ser los jueces quienes definan la aplicabilidad de la ley de amnistía. Por ello, tal y como afirmó el procurador de Derechos Humanos, David Morales, la Fiscalía debe iniciar un proceso de investigación de oficio, pues los crímenes de Vides Casanova son públicos y han sido reconocidos por una corte estadounidense. Un gran servicio al país, a la verdad y a la lucha contra la impunidad haría el general si declarara libremente y proveyera toda la información que tiene sobre la actuación de las fuerzas de seguridad y la Fuerza Armada durante los años que estuvo al frente de estas. Eso le permitiría liberarse de una dolorosa historia que con seguridad le ha pesado por largos años y que lo persigue.

Casi a la vez que Vides Casanova era deportado a El Salvador, se supo que el Departamento de Justicia del Gobierno estadounidense había cursado la solicitud de extradición a España del coronel Inocente Montano. Este es un paso muy importante, pues de aprobarse la extradición se posibilitará el conocimiento de la verdad y la aplicación de justicia en relación a la autoría intelectual de la masacre en la UCA. El caso en la Audiencia Nacional de España contra los presuntos implicados en la planificación del crimen solo podrá seguir adelante si al menos uno de ellos está presente, y de ahí la importancia de que Montano sea llevado ante ese tribunal. Investigadores estadounidenses han documentado muy bien el historial delictivo de Montano, atribuyéndole 65 ejecuciones, 51 desapariciones y más de 500 casos de tortura durante su tiempo en la Fuerza Armada. Lo que permite suponer que se aprobará su extradición.

Estos acontecimientos, que pueden traducirse en avances significativos hacia la justicia y con ello comenzar a poner fin a un largo historial de impunidad en nuestro país, deben verse como oportunidades para la reconciliación de nuestra sociedad. Los crímenes que se cometieron contra población civil indefensa durante la guerra deben ser esclarecidos por el bien de todos, en especial de las víctimas. Solo a través de la verdad y la aplicación de verdadera justicia puede repararse el daño cometido, que ha sido mucho e intenso. Solo reconociendo que se aplicó la fuerza de manera arbitraria, que se actuó ilícitamente y que se abusó del poder para torturar, desaparecer y matar de forma indiscriminada será posible liberarnos de ese peso que nos aplasta. Y es necesario decir con fuerza y claridad que esos hechos no deben repetirse jamás. El país vive una escalada de violencia tal que de nuevo podrían cometerse crímenes de lesa humanidad por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, si es que no está ocurriendo ya. Esto hace imperativo que las barbaridades cometidas en el pasado queden señaladas claramente y sean juzgadas oficialmente. De lo contrario, repetiremos la historia de horror.