Oportunidad, no amenaza

“Ellos están ahí no porque hayan ganado, sino porque, a pesar de haber perdido, hoy hay una ley que les permite ser parte del concejo”. Palabras más, palabras menos, esa frase fue dicha recientemente en un programa de radio por el alcalde de un populoso municipio de San Salvador, al referirse a la participación, en su concejo municipal, de representantes de partidos distintos al suyo. Con toda seguridad este pensamiento es compartido por muchos ediles frente a esta novedosa experiencia. Novedosa acá, porque El Salvador era el único país latinoamericano que se resistía a implementar esta expresión de la democracia.

La necesidad de dar ese paso venía siendo manifestada desde hacía muchos años por diversas organizaciones de la sociedad civil. En realidad, esta medida es una deuda pendiente desde la firma de los Acuerdos de Paz. En 1994, a solo dos años del final de la guerra, los entonces aspirantes a la presidencia, Armando Calderón Sol, de Arena, y Rubén Zamora, del FMLN, firmaron un pacto que, entre otros compromisos, contemplaba la implementación de los concejos municipales plurales. Tuvieron que pasar 20 años para que esa promesa la hicieran realidad otros actores políticos.

Ciertamente, lo novedoso no es fácil de asimilar. Quizá por ello muchos actores, pero especialmente los alcaldes, han visto con desconfianza a los concejos municipales plurales, por considerarlos una amenaza a la tradicional tranquilidad garantizada por la uniformidad de los colores partidarios. Analizando la medida detenidamente, las ventajas para el avance del ejercicio de la democracia son muchas y más importantes que las que ofrecen carecer de disidencia dentro de los gobiernos municipales. Con las reglas anteriores, bastaba con que un partido obtuviera un voto más que los otros en contienda para controlar total y absolutamente una alcaldía.

Por ejemplo, en las elecciones legislativas y municipales de 2012, 186 de los 262 municipios del país, es decir el 71%, fueron ganados con menos del 50% del total de votos. Esto indudablemente limitaba la representatividad de las autoridades elegidas y afectaba la legitimidad de las decisiones y acciones del gobierno local. Además, aunque ahora se dice que las alcaldías están en peligro de quedar paralizadas por las luchas interpartidarias, la uniformidad de los concejos municipales iba en desmedro de los planes de largo plazo, pues la continuidad de una acción dependía del color partidario de la siguiente administración. Se esperaría que ahora los planes sean fruto del consenso de todos los partidos incluidos en el concejo de cada municipio. Así, llegue quien llegue después al poder, la continuidad de las medidas estaría garantizada. Si, por el contrario, se imponen planes apelando a la mayoría que garantiza la ley a quien obtuvo más votos, esta oportunidad se habrá echado a perder.

Como ya se ha dicho antes, la entrada en vigor de los concejos municipales plurales puede activar dinámicas que robustecerían a nuestra democracia. Si los nuevos concejos se implementan bien, el fortalecimiento de la representación política, la despolarización de la sociedad, la mejor asignación de recursos, el impulso a una amplia participación ciudadana, la transparencia en la gestión y una mayor gobernabilidad, entre otros, serán frutos que la población podrá apreciar en un futuro cercano.