Oportunidad para el fortalecimiento partidario

Año con año, los índices de confianza de la población salvadoreña en la institucionalidad se van deteriorando. Entre las instituciones que gozan de menos confianza están los partidos políticos. Y esto es particularmente agudo entre los jóvenes: el 80% de ellos manifiesta sentir poca o ninguna confianza en los partidos, según la última encuesta de juventud de la UCA. Y es que el ejercicio real de la política que se ha hecho en el país a lo largo de los años ha sido muy cuestionable. Tan deteriorada está la imagen de los partidos que para mucha gente la política es sinónimo de corrupción, oportunismo y cinismo. Sin embargo, nuestra Constitución reconoce a los partidos políticos como la plataforma única para acceder a cargos de elección popular. Es decir, a pesar de tener la peor imagen, los partidos, nos guste o no, son necesarios en el país.

Pero los partidos tienen frente a ellos la oportunidad de comenzar a lavarse la cara. Cada vez alcanza más consenso social la necesidad de que se regule a los partidos políticos en su funcionamiento, en que se garantice la participación decidida de las mujeres y, especialmente, que se controle el financiamiento de las onerosas campañas electorales a las que estamos acostumbrados. ¿Qué salvadoreño no se ha preguntado alguna vez de dónde sacan las millonarias sumas que invierten en propaganda? Hasta hoy, la identidad de las fuentes de financiamiento de los partidos es un misterio guardado celosamente, y eso explica también el grado de desconfianza de la población.

Si el sistema democrático se basa en la representatividad de los partidos políticos, el primer paso para que la democracia sea real es que estos se democraticen internamente. Una ley al respecto no debería ser entendida por los institutos políticos como algo que amenaza su existencia. Todo lo contrario: que los partidos políticos salvadoreños estén regidos por una ley tendrá como resultados el fortalecimiento de estos mismos y, por tanto, un avance en el ejercicio de la democracia en el país. Si la población ve que los partidos eligen democráticamente a sus autoridades, transparenta su financiamiento, dan a las mujeres los mismos derechos que los hombres, entonces, sin duda, el sistema de partidos saldrá fortalecido.

Con el ánimo de aportar en esta dirección, la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) El Salvador, la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), la Universidad Tecnológica y la UCA hicieron llegar a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de Ley de Partidos Políticos, el cual está ya en poder de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales. La propuesta es el fruto de más de un año y medio de estudio de legislaciones similares en varios países de América Latina, del encuentro con expertos de la regulación partidaria de Costa Rica, Uruguay, Chile y México, así como de la sistematización de la experiencia del Instituto Federal Electoral mexicano, que está a la vanguardia en el tema.

El anteproyecto pretende recoger las principales necesidades de regulación de los partidos, como su democracia interna, el financiamiento y la participación de las mujeres. La propuesta de ley busca enriquecer la discusión ya iniciada al interior de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales, y que tiene como objetivo presentar al plenario una ley que regule a los partidos. La decisión más inteligente de los partidos políticos en estos tiempos será, sin duda, hacer eco de este clamor ciudadano. Someterse a una ley que regule su accionar, que pretenda realmente democratizar su funcionamiento y transparentar su financiamiento, pondría a los partidos en la senda de la democratización que tanta falta les hace.