Otra decepción

Desde hace varias semanas, un buen grupo de organizaciones sociales, ONG, centros de investigación y universidades se han venido pronunciando acerca de las características que deben tener las autoridades de la Corte de Cuentas para que esta realmente desempeñe el papel que le corresponde como fiscalizadora de los recursos del Estado. Todas estas instituciones han coincidido en que tanto el presidente como el primer y segundo magistrados de la Corte deben poseer las capacidades profesionales y técnicas adecuadas para realizar las funciones operativas y jurisdiccionales que les corresponden, y contar con una larga trayectoria de integridad y compromiso con la lucha contra la corrupción.

Anoche, la Asamblea Legislativa eligió a las personas que ocuparán dichos cargos en los próximos tres años, y en la elección volvió a primar el criterio político. Con ello, una vez más, los diputados han decepcionado a la sociedad. El nombramiento de José Andrés Rovira, secretario general del partido GANA, como segundo magistrado es el más claro ejemplo de la primacía del criterio político por sobre la idoneidad, pero también Gregorio Sánchez Trejo (electo presidente de la Corte) y Javier Tránsito Bernal (primer magistrado) tienen fuertes afinidades políticas —con el PDC y el FMLN, respectivamente—.

Escoger como magistrado de la Corte de Cuentas a un militante político, que además ocupa una posición importante en la dirección de un partido, no es más que partidizar la institución y darle continuidad a los vicios de las últimas décadas. Como ya se sabe de sobra, una Corte de Cuentas partidizada no garantiza la lucha contra la corrupción ni permite que la fiscalización de los bienes y recursos del Estado se haga en base a criterios estrictamente administrativos y jurídicos.

No cabe duda de que en esta elección el FMLN está siguiendo los pasos de Arena, que utilizó la Corte de Cuentas para pagar favores y la puso al servicio de intereses políticos. Hoy más que nunca, cuando contamos con tan escasos recursos, es necesaria una Corte de Cuentas que garantice la correcta administración de los bienes y dineros del Estado. Con su acción —son los hechos los que cuentan, no las palabras—, el FMLN está demostrando su poco interés en que las instituciones estatales mejoren, sean verdaderamente independientes y trabajen en pro del bien común.

Si los vínculos partidarios son de por sí un impedimento real, aunque no legal, para dirigir la Corte de Cuentas, preocupa todavía más lo que varios medios de comunicación han señalado: al menos una de las tres autoridades electas podría tener juicios de cuentas pendientes en la misma Corte y alguno con la Fiscalía General de la República. Una vez los nuevos funcionarios asuman sus cargos, difícilmente se sabrá si estos señalamientos eran ciertos. Es este un muy mal comienzo.

Por enésima ocasión, los partidos políticos han despreciando la opinión pública e ignorado las demandas de la población. No es de extrañar, entonces, que se esté fortaleciendo la animadversión hacia los mismos. Una antipatía ciudadana que se alimenta de las actitudes antidemocráticas y partidocráticas de nuestra clase política, y que a la larga no solo perjudicará a los partidos, sino también al sistema democrático en su conjunto.