Para reparar lo que en parte es irreparable

Según los cálculos más conservadores, cinco mil personas fueron desaparecidas durante el conflicto armado; las organizaciones de derechos humanos calculan diez mil. La desaparición forzada generó miles de víctimas, considerando como tales tanto a las personas que desaparecieron como a sus familias, que a partir del hecho iniciaron un verdadero calvario de búsqueda e incertidumbre. La desaparición tiene los mismos efectos destructivos sobre las familias que un secuestro permanente. Las primeras asociaciones de familiares de desaparecidos nacieron en el año 1977, en el contexto del incremento de la represión de los gobiernos militares. Junto a ellas surgieron también organizaciones de defensa de los derechos humanos, que apoyaron a los familiares de desaparecidos en su reclamo al Estado para que esclareciera el paradero de sus parientes.

Muchos años han transcurrido desde entonces, pero las organizaciones de familiares siguen exigiendo conocer la verdad sobre sus seres queridos. Su lucha se ha prolongado por más de 40 años. Bregando contra todo tipo de obstáculos, descalificaciones y difamaciones, y pese a lo poco que se ha avanzado en la localización de los desaparecidos, no han claudicado. La organización más exitosa es Pro-Búsqueda, que ha centrado su trabajo en la búsqueda de los niños y niñas desaparecidos durante la guerra. Hasta la fecha, en sus casi 25 años de existencia, ha logrado localizar a 443. La negativa de la Fuerza Armada a reconocer los hechos ha impedido la localización de la gran mayoría de los desaparecidos. Además, sigue haciendo falta un sistema nacional de búsqueda que apoye decididamente a los familiares.

La creación en 2011 de la Comisión Nacional de Niños y Niñas Desaparecidos, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue un primer paso para que el Estado asumiera su responsabilidad. Asimismo, la tenaz persistencia de los familiares de los desaparecidos logró que en 2017 se creara por decreto presidencial la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado (Conabúsqueda). Pero todavía hay mucho por hacer. El Estado debe poner los medios y recursos necesarios para dar con el paradero de los desaparecidos, aunque sea para entregar sus cuerpos a las familias, a fin de permitirles cerrar décadas de duelo. Por otra parte, las familias llevan años pidiendo un hecho simbólico que los legisladores no quieren siquiera considerar: declarar el 30 de agosto como Día Nacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada. La Asamblea Legislativa debe atender ese llamado y ceder a la petición, que constituiría un pequeño acto de reparación que sin duda abonaría a la reconciliación.

Otra cuestión fundamental en este tema es la colaboración de la Fuerza Armada. Los soldados y oficiales que participaron en el conflicto armado tienen la información necesaria para localizar a muchos de los desaparecidos. En la misma línea, deben abrirse los archivos militares y de los cuerpos policiales de la época. Es necesario que estos archivos sean entregados a Conabúsqueda para que pueda analizarlos y seguir la pista de los desaparecidos. Las declaraciones de las más altas autoridades militares negando la existencia de estos archivos son inaceptables y deberían ser calificadas de encubrimiento. Si en verdad no existen archivos, la única explicación es que fueron destruidos. Por tanto, habría que buscar a los responsables. Los archivos institucionales son parte del patrimonio nacional; destruirlos constituye delito.

Es obligación del Estado asumir que reparar lo que en parte es irreparable, la desaparición forzada, pasa por la búsqueda efectiva, por el reencuentro de los desaparecidos y sus familiares, ya sea que aquellos estén vivos o muertos. Esclarecer los hechos permitirá que de manera progresiva se garanticen los derechos a la verdad y a la dignificación de las víctimas, la reunificación de la familia salvadoreña y la reconciliación nacional.