Planes y realidades medioambientales

El 22 de abril se celebra anualmente el Día Internacional de la Tierra, con actos que nos recuerdan la importancia de la protección y cuido del medioambiente. Este año, una de las actividades que más atención acaparó tuvo lugar en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, donde 171 países firmaron el acuerdo sobre el cambio climático, aprobado en diciembre pasado en París. Sin embargo, la firma fue un acto más bien simbólico, propagandístico: aunque el acuerdo establece metas ambiciosas que de llevarse a cabo podrían disminuir el calentamiento global, su cumplimiento depende de la buena voluntad de las naciones. Por ello, muchas voces exigen que el acuerdo se traduzca en hechos concretos que impliquen una real disminución de los gases de efecto invernadero.

Que la conservación por el medioambiente sea hoy una preocupación mundial se debe en gran medida al trabajo tenaz de los grupos ambientalistas. Recientemente, la encíclica del papa Francisco dedicada a la ecología y a la importancia del cuidado de la casa común ha dado un importante empuje, especialmente entre los católicos, a la toma de consciencia sobre la responsabilidad de cada uno en la protección de la naturaleza. Sin duda, todo ello está presionando a los Gobiernos y a las clases políticas, que han tenido que asumir el tema e incorporarlo en sus agendas para evitarse el desgaste de la reprobación ciudadana.

En nuestro país, el Día Internacional de la Tierra tampoco pasó desapercibido. El Gobierno aprovecho para anunciar un plan nacional de restauración y reforestación, que será dirigido e implementado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La necesidad de un plan como este está fuera de discusión, pues se calcula que en la última década se han perdido más de 138 mil hectáreas de bosque. Por otra parte, el Ministerio ha dejado de ser la dependencia anodina que fue durante las administraciones de Arena; hoy es una cartera de Estado con capacidad de propuesta y que ha tomado en serio su responsabilidad en el cuido del medioambiente salvadoreño. Pero desgraciadamente todo este impulso no está siendo acompañado por otras iniciativas estatales que refuercen los planes del Ministerio.

De poco sirve que el Ministerio asuma compromisos valiosos, elabore una estrategia nacional del medioambiente, proponga planes de recuperación de los ríos y bosques si no cuenta con los recursos y apoyos necesarios para desarrollarlos. En los últimos diez años, la deforestación se ha cebado con la Cordillera del Bálsamo y las faldas del volcán de San Salvador; zonas especialmente apetecidas por las constructoras por su alta plusvalía y buen clima. Allí se han construido decenas de residenciales a costa de eliminar miles de manzanas de bosque. Ello contando con todos los permisos necesarios. Pese a ser zonas de gran recarga acuífera, las construcciones se llevaron a cabo sin que las empresas tuvieran que dejar zonas verdes de tamaño significativo, compensaran la destrucción boscosa o realizaran instalaciones que facilitaran la infiltración del agua lluvia.

En realidad, se está trabajando en direcciones contrapuestas. Mientras por un lado se pretende reforestar, por el otro se sigue permitiendo la tala de árboles, la destrucción de zonas boscosas, sin exigir retribuciones de ningún tipo. La reforestación anunciada costará varios millones de dólares, pero los responsables de la depredación ambiental, que se han enriquecido con ello, no contribuirán en nada a ese esfuerzo. La Cordillera del Bálsamo y las faldas del volcán de San Salvador se deforestan a diario porque se siguen dando permisos de construcción. Se deshace con la mano derecha lo que se pretende hacer con la izquierda. Proteger el medioambiente en El Salvador requiere de una clara y decidida coordinación de esfuerzos entre las instancias locales y centrales, tomar medidas que paren en seco la destrucción de los bosques, apostar decididamente por la vivienda vertical, prohibir la minería metálica, elaborar planes de ordenamiento territorial en cada municipio y hacer pagar el costo de la destrucción ecológica a quiénes se lucran de ella. De lo contrario, el discurso y la realidad seguirán siendo contradictorios.