Las necesidades de la gente no influyen gran cosa en la marcha política del país. Al igual que no les importa que demasiados vivan en pobreza, a un buen número de políticos les tiene sin cuidado que otros no cobren sus pensiones. Lo que parece interesarle a Arena es hundir lo más que pueda al FMLN, sin darse cuenta de que a quienes realmente daña es a personas concretas que sin duda recordarán que fue el partido tricolor el que por sus propios intereses políticos no tuvo problemas con dejarlos sin pensiones. Es cierto que la culpa de lo que pasa se puede repartir entre todos los partidos y que todos tienen parte de responsabilidad en la crisis existente. Pero a los políticos no les hace mella aquello de que “quien esté limpio de pecado tire la primera piedra”. Ellos tiran piedras sin reparo si piensan que ello ayuda a su partido. Que las piedras caigan sobre cabezas inocentes no les molesta; ellos seguirán cobrando sus salarios y sus dietas, e incluso mejorando sus centros vacacionales en la playa.
En el mejor de los casos, los políticos salvadoreños confunden el desarrollo con los subsidios o la justicia social con los bonos. Están acostumbrados al uso abusivo del poder. Y por ello la oposición ansía recuperarlo a toda costa, aunque no disponga de un proyecto económico y social para un El Salvador dividido, desigual y que sufre una plaga de violencia derivada, precisamente, de esa pretensión de solucionar los problemas desde la fuerza, no desde el diálogo. Se pelean prometiendo cosas y apenas invierten en educación y en planificación del futuro. No es raro que mucha gente esté asqueada de ellos. El odio a las maras que se destila desde los diferentes estratos del poder político, económico y social no es otra cosa que el odio de las élites a quienes son su reflejo en los sectores pobres del país. Unos empujan a la migración con la pobreza y el olvido de los excluidos, y otros con la violencia.
Desde el poder se impide el acceso a una educación de calidad a más del 70% de nuestros jóvenes y desde las maras se dificulta asistir a la escuela a quienes no son del mismo grupo. La Policía mal pagada y desesperada recurre fácilmente y de un modo indiscriminado a la violencia contra los jóvenes, mientras estos se organizan también en grupos violentos. Superamos con diálogo interno, acompañado de ayuda y presión internacional, una guerra civil desgarradora, pero mantenemos casi intactas la desigualdad y la injusticia que llevaron a las armas a muchos compatriotas. Mientras los políticos se preocupen más por adornar sus casas y construir nuevas mansiones, en vez de mejorar los espacios y los servicios públicos, los problemas continuarán multiplicándose.
Es evidente que el diálogo es necesario. Los acuerdos políticos y democráticos que hace 25 años lograron desterrar la guerra civil deben desembocar hoy en acuerdos económicos y sociales. No podemos permanecer ni escondidos ni callados ante la irresponsabilidad en lo que a derechos económicos y sociales respecta. La ley de prohibición de la minería metálica se logró porque un buen sector del país se movilizó en torno a ideas, datos y razones sólidas y evidentes. Las 30 mil firmas recogidas en menos de una semana y llevadas a pie por el arzobispo de San Salvador, acompañado por una población más interesada en el bien común que en la política partidaria, impulsaron un acuerdo positivo para el país. Si los políticos no avanzan, es necesario que los salvadoreños repudien el estancamiento del diálogo y se propongan e impulsen normas y acuerdos ciudadanos en vivienda, educación, salud, pensiones. Es tiempo de que la ciudadanía se exprese. Es tiempo también de superar las viejas rivalidades políticas e imponer, al menos en cuestiones básicas, la búsqueda del bien común.
¿Cómo es posible que teniendo una pluviosidad anual superior a la de muchos países desarrollados tengamos todavía carencia o escasez de agua? ¿Cómo podemos tolerar que los partidos sean incapaces de poner el derecho al agua en la Constitución? El camino hoy es centrarnos en lo concreto, en las necesidades de la gente, e insistir en normas, estructuras e instituciones que cubran los derechos legítimos de la población. La movilización política debe hoy independizarse de los políticos. No para sustituirlos ni para plegarse a uno u otro grupo, sino para forzarlos a que hagan política de verdad. Esa política que se centra en el desarrollo, la convivencia pacífica, la igualdad de derechos y el destierro de desigualdades e injusticias sociales. Pasado el tiempo de Semana Santa, tiempo de reflexión, de descanso y de oración, es necesario pasar a la acción en favor del prójimo.