Por fin, una muy buena noticia

Un habitante de una colonia marginal de San Salvador resumió lo que para él significa ser pobre: “No tener una vivienda digna”. Estas sabias palabras, surgidas de la vida misma, recogen lo que ahora, con otra terminología, se asegura al atribuirle a la vivienda un papel fundamental en el desarrollo humano. Junto a la alimentación y el agua, contar con casa propia es uno de los factores fundamentales del bienestar, y es la carencia que más padecen quienes viven en la pobreza. Además, la falta de vivienda acarrea muchas otras consecuencias en la vida social, psicológica y económica de la gente. No tener casa es no tener nada, que es lo que en el fondo señala el refrán popular: “No tener ni dónde caer muerto”.

En El Salvador, cerca de 400 mil familias no tienen casa o viven en una que no reúne condiciones dignas. Se estima que el 61% de los hogares salvadoreños vive en casas con al menos una carencia de servicios. Y cada año, el déficit habitacional crece en 36 mil unidades. A simple vista, quizás no se note la conexión entre vivir en una casa sin condiciones dignas y la problemática social que agobia al país. Pero es fundamental preguntarse qué tipo de viviendas hay en las llamadas “zonas rojas”, cómo son las viviendas cuyas puertas se derriban a martillazos para buscar sospechosos, cuáles son las áreas de recreación en esas colonias.

La vivienda digna es aquella construida con materiales buenos y resistentes, que cuenta con espacios adecuados para la convivencia y con todos los servicios básicos. Las Naciones Unidas la definen como “el espacio donde los individuos o las familias puedan vivir en seguridad, en paz y dignidad”. Tener una casa digna mejora las relaciones en la familia, permite que los hijos quieran permanecer más en la vivienda y los protege de situaciones de violencia. Además, impacta positivamente en la salud, en las condiciones de vida, y fortalece la autoestima de las personas. Diversos estudios han demostrado que la mudanza a una vivienda adecuada es una de las mejores estrategias para mejorar el desempeño académico de los niños de escasos recursos.

Por todo lo anterior, la vivienda no deber ser un tema marginal, sino punto medular en las políticas públicas; más aún, en una política de Estado que trascienda a los Gobiernos para garantizar que todas las familias tengan acceso a una vivienda digna. En esta línea, la reciente presentación de la Política Nacional de Vivienda y Hábitat por parte del Presidente de la República es, sin ninguna duda, una buena noticia. “Estamos dando respuesta a una deuda histórica que no puede ni debe esperar más tiempo”, dijo el mandatario. La Política es, de lejos, el mejor y más integral esfuerzo para enfrentar de lleno la cuestión, que, como ya se apuntó, está relacionada a otros graves problemas sociales.

La Política descansa en dos pilares: por un lado, hacer efectivo el derecho humano a vivienda digna y, por otro, dinamizar la economía nacional a través de los procesos implicados en echar a andar la propuesta (planificación, ordenamiento, construcción, etc.), Además, la Política considera todos los factores relacionados con su realización práctica, como el acceso al suelo, las modalidades de tenencia de vivienda, la reorganización del sistema institucional y el marco legal para la vivienda, el acceso a financiamiento para las familias de más bajos ingresos y el entorno comunitario. Y hay otro aspecto que hace de la Política un ejemplo que debiera aplicarse para otros problemas estructurales del país: nueve organizaciones de la más diversa procedencia trabajaron constante y coordinadamente durante dos años para formularla.

Instituciones de Gobierno, gremiales empresariales, fundaciones, representantes de pobladores y la UCA trabajaron con el objetivo común de diseñar la Política. Para que esta buena noticia no se quede en el papel, el Gobierno debe presentar cuanto antes las transformaciones del marco legal e institucional que la Política plantea, favorecer la realización de proyectos que confirmen que ha comenzado una nueva manera de hacer las cosas y, finalmente, asegurar los recursos y fuentes de financiamiento para invertir en viviendas para los más pobres y mejorar el ambiente comunal para la convivencia ciudadana.