En 2011 y 2012, un grupo diverso de personas, en el que participaban académicos, empresarios y líderes de organizaciones sociales de diferentes tendencias políticas e ideológicas, se reunió en múltiples ocasiones para pensar sobre el futuro del país. La experiencia fue enriquecedora, pues se pudo dialogar con base en la confianza, la libertad de opinión y el respeto a las distintas ideas. Ello permitió que se llegara a una serie de acuerdos que gozaron de amplio consenso, a pesar de la heterogeneidad del grupo. La experiencia confirmó que es posible entablar un diálogo entre salvadoreños de distintas tendencias, y que cuando se piensa en el bienestar de la gente y se está verdaderamente interesado en construir un mejor país para todos, hay capacidad de ponerse de acuerdo y formular un plan para lograrlo.
El grupo llegó a bosquejar una visión de país muy distinta a la realidad actual: hacer de El Salvador un país productivo, con gran capacidad exportadora, con trabajo decente y pleno empleo, y con un elevado índice de desarrollo humano. Sin embargo, la labor se vio interrumpida definitivamente por la campaña de la elección presidencial; las propuestas quedaron engavetadas. Y ese abrupto final también arrojó una enseñanza importante: mientras no estuvo en juego la conquista del poder, mientras no primó la dinámica partidaria, fue posible trabajar en equipo para buscar un mejor futuro para el país. Esta experiencia es útil para valorar cómo se abordan los problemas hoy en día.
Todos deseamos seguridad, y alcanzarla es uno de los objetivos más importantes para el país. Se ha visto cómo las fuerzas políticas han sido capaces de ponerse de acuerdo en un plan para disminuir la delincuencia a través del endurecimiento de las políticas represivas. Pero hasta ahora no han querido o podido hacerlo para sacar adelante un proyecto de prevención de la violencia. Para aplicar mano dura fácilmente se han encontrado y aprobado los fondos necesarios; en cambio, para poner en marcha planes de prevención, no hay dinero ni interés en hallarlo. Y con ello se olvida que la represión es una apuesta de corto plazo que no resuelve los problemas de fondo. Igual ocurre con el tema del empleo.
Nadie niega la necesidad de tomar medidas para estimular y facilitar la creación de muchos más empleos en nuestro país. Pero el consenso se evapora a la hora de hablar de mejores salarios y de cumplir con las prestaciones que exige la ley. Tampoco se logra llegar a un acuerdo para garantizar una pensión digna para todos los trabajadores. La precariedad laboral en nuestro país es tan severa que sin políticas que fomenten el empleo decente, sin mejores salarios, sin mejoras sustanciales en los sistemas de protección social, sin una mayor exigencia a los empleadores para que cumplan con las leyes, el país seguirá sumido en el subdesarrollo y la exclusión.
Otro ejemplo es la educación. La mayoría de salvadoreños coincide sobre la urgencia de invertir más en educación. De hecho, todos los candidatos a la Presidencia ofrecieron ampliar el presupuesto del ramo hasta el 6%, lo que implicaba prácticamente duplicar los fondos anuales asignados al Ministerio de Educación. Todos deseamos una mejor educación, que se cuente con maestros mejor preparados y pagados, que se mejoren las instalaciones y el equipamiento de las escuelas, que se incremente el número de años promedio de escolarización. Pero nadie está dispuesto a poner los fondos que ello requiere. Por eso nada se ha avanzado en esta dirección. La educación sigue siendo de mala calidad, no posibilita que los jóvenes contribuyan de mejor manera al desarrollo económico y social del país.
Dado que la principal excusa para emprender acciones de fondo suele ser la falta de recursos, hace cuatro años el grupo propuso un pacto fiscal del cual se obtuvieran los dineros requeridos para cambiar al país en un plazo de 15 años. Hubo consenso en la necesidad de recuperar el impuesto predial, en el control del gasto público, en el combate de la evasión fiscal, en la simplificación del sistema de impuestos y la ampliación de la base tributaria, en dedicar una mayor parte del Presupuesto General de la Nación a la inversión. También se vio necesario fomentar el ahorro para financiar las apuestas estratégicas y la inversión para el desarrollo y el bienestar humano. Valdría la pena volver sobre estas propuestas, que sean debatidas por las distintas fuerzas políticas sin otro interés que el bien del país y de su gente. Valdría la pena que por un momento se abandonaran las excusas, el sectarismo y la inútil retórica confrontativa.