Prescripción y corrupción

Uno de los procedimientos más perfectos que tiene nuestro país para garantizar la corrupción a escala gubernamental es el sistema de prescripción del delito. En efecto, los políticos dominan las instituciones encargadas de perseguir el delito, les imprimen un ritmo especialmente lento, las obligan en cierto modo a desoír el reclamo ciudadano y vuelven oscuro y poco transparente al sector público. Y así, cuando por casualidad o por empeño ciudadano no hay más remedio que descubrir el delito, este ya ha prescrito. Y esto sirve para apoyar todo tipo de delincuencia. Por supuesto, es útil para lograr la impunidad de los crímenes cometidos en tiempo de la guerra, cuando las instituciones no funcionaban si les interesaba a quienes estaban en el poder, o funcionaban lo suficientemente a medias o mal como para dejar en la impunidad a los responsables de mayor nivel en los crímenes. Pero después de la guerra las cosas han seguido igual, especialmente con los delitos de cuello blanco, generalmente de corrupción económica, cometidos por políticos desde los ámbitos del poder.

En efecto, en la actualidad se está descubriendo que toda una serie de trampas, robos a bienes públicos y otras sinvergüenzadas cometidas en el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) no solo fueron ocultadas por sus hechores, destruyendo pruebas de archivo en su contra, sino además encubiertas por la Corte de Cuentas. Corte que por mandato tiene la responsabilidad de pasar a la Fiscalía cualquier indicio de fraude o corrupción cometido desde la administración pública. Y evidentemente, si la corrupción anida en el ente encargado de luchar contra la corrupción en el funcionamiento del Estado, el plato del enriquecimiento ilícito de los funcionarios está servido.

¿Qué hacer entonces frente a prácticas corruptas protegidas corruptamente por todos los poderes del Estado, incluida la Corte de Cuentas? La solución es sencilla: debe añadirse a las leyes de prescripción una frase que diga que cuando se pueda demostrar ineficiencia, mal funcionamiento, lentitud exagerada o simple omisión de la acción debida por parte de las instituciones estatales en la persecución del delito, el tiempo de la prescripción deja de correr, sin excepciones. Nuestros abogados son con demasiada frecuencia expertos en presumir de tener una excelente legislación, y expertos también en ocultarnos que hay demasiados agujeros en las leyes o en la práctica institucional por donde pueden colarse los más pícaros. Los "abogansters" del dólar son especialmente expertos en utilizar esas carencias de la ley a la hora de ayudar a los corruptos y ocultar delitos que por alguna razón los poderes estatuidos deciden, de una forma u otra, dejar en la impunidad.

¿Queremos que la corrupción siga en El Salvador? Ajustar las leyes de prescripción es un primer y fundamental paso. Los ladrones del erario público, con todas las facilidades que tienen para ocultar sus delitos en un gobierno de compadreo y amiguismos, no deben ser beneficiarios de prescripción. No se trata de endurecer las leyes, sino simplemente de que no prescriban los delitos de aquellos que teniendo un puesto de servicio a la sociedad se afanan más en robarla que en servirla. Y acompañando a esta medida, radicalizar la transparencia. En otras palabras, ofrecer pleno acceso ciudadano a una información pública completa, especialmente la que se refiere al manejo de fondos y bienes estatales. Hoy, con los adelantos en Internet, la información pública y administrativa del Estado puede abrirse al público en tiempo real. No hacerlo, y no cambiar la ley en lo que respecta a la prescripción del delito, es continuar siendo cómplices de la corrupción.