Presidente, devuelva la propuesta

Pasó lo que buena parte de la población esperaba que no sucediera de nuevo. Una vez más se impuso la empresa privada en el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Se acordó un aumento de 15% en tres años, a excepción de la categoría de comercio, que tendrá un aumento del 13.5% en el mismo período. Con esto, el salario mínimo más alto, el de comercio, llegará a 263 dólares en 2016 y el del trabajo agrícola, a $124.11. La expectativa era que las categorías del salario mínimo se redujeran a dos: la urbana con un salario de $300 y la rural con uno de $250. Pero, contrario a muchas opiniones, se impuso la propuesta de la empresa privada, que ya dijo estar complacida con la decisión. Lo peor es que se hizo sin fundamentación técnica alguna. ¿Cómo logra imponerse la ANEP?

El Consejo está integrado por tres instancias: dos representantes (y sus suplentes) de la empresa privada, dos de los trabajadores y tres del sector público. Lo que para muchos puede parecer inaudito es que el acuerdo haya sido alcanzado con los votos de los representantes de los trabajadores, que se sumaron a la propuesta de los empresarios. Pero no lo es, pues la conducta de esos representantes ha sido la misma a lo largo de la existencia de la instancia. El problema radica en que los representantes de los trabajadores no lo son en realidad. Por pertenecer al Consejo, tanto los propietarios como los suplentes reciben una dieta de $228.74 por las cuatro reuniones que tienen en un mes, es decir, poco más de 57 dólares por reunión. Antes, hasta 2009, la dieta era de unos 34 dólares por reunión, pero los mismos integrantes del Consejo se recetaron un aumento del 66%. Ojalá hubiesen aplicado eso mismo para todos los trabajadores. Algunos dirán que esa no es una gran cantidad, pero devengar el doble que el salario mínimo del campo por cuatro reuniones al mes es ofensivo.

¿Cómo llegaron estos representantes al Consejo? La ley estipula que deben ser elegidos por los mismos trabajadores. La última elección fue en 2013. Ese año se contabilizaban, según el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 409 sindicatos activos. De ellos, 72 eran del sector público, a los que el Consejo les negó la participación en la votación. De los 337 sindicatos restantes, 243 retiraron las papeletas de votación que proporcionó el Ministerio y 172 votaron, poco más de la mitad de los convocados. Los actuales representantes de los trabajadores (no tuvieron competidores e iban por la reelección) fueron elegidos con 166 votos de igual número de sindicatos. En el actual Consejo, los dos representantes propietarios representan a sendas organizaciones: José Israel Huiza Cisneros, a la Central General de Sindicatos; y Miguel Ángel Alfredo Ramírez Urbina, a la Federación Sindical de Trabajadores de El Salvador. El primero está en el Consejo desde 2010 y el segundo desde 1998 como suplente y desde 2010 como propietario. Además, ambas organizaciones son las que históricamente han estado más representadas en el Consejo.

Para septiembre de 2015, los trabajadores afiliados a sindicatos sumaban 206,887. La Central General de Sindicatos agrupa solo al 2.02% de ese conglomerado y la Federación Sindical de Trabajadores de El Salvador, al 0.36%. ¿Cómo es posible que dos organizaciones que juntas no reúnen al 3% de los trabajadores organizados del país sean sus representantes? ¿Es legal? Sí. ¿Legítimo? Nunca. No es antojadizo afirmar, pues, que Huiza Cisneros y Ramírez Urbina no representan los intereses de los trabajadores, sino que defienden los de la patronal. Ahí están las actas del Consejo que atestiguan el actuar de ambos. Ellos, junto a la empresa privada, son los responsables de la precaria situación salarial del país. En otros tiempos, los tiempos de Arena, estos representantes, como se refleja en las actas, votaban con el Gobierno. Hoy, con el FMLN en el Ejecutivo, lo hacen en contra. Lo que permanece invariable es su afán de favorecer a la patronal en desmedro de los trabajadores.

Si bien es cierto que el acuerdo de aumento exime al Gobierno, ahora la pelota está en su cancha. El Código de Trabajo estipula que el Consejo solo propone al Presidente de la República, quien puede aprobar u observar la propuesta. Si no la aprueba, debe devolverla al Consejo, que está obligado a reconsiderar su decisión, pero tiene la facultad de hacer las modificaciones que estime pertinentes. Algunos analistas ya presagian que Sánchez Cerén no observará la propuesta para no enfrentarse a la ANEP ahora que han logrado un acercamiento. Así parecen confirmarlo las declaraciones de funcionarios que a la vez que lamentan la decisión se resignan a ella. Por supuesto, esa postura no hace justicia a los trabajadores. ¿Podrá más la conveniencia política que la dignificación del trabajador? Si de verdad está a favor de lo que beneficia al pueblo salvadoreño, el Presidente debe observar y devolver la propuesta. Si no lo hace, se echará por la borda la oportunidad de dar un salto cualitativo en el camino hacia la dignificación del trabajador y en la lucha contra la desigualdad.