Primer y esperanzador paso

Finalmente y en muy breve tiempo, el Gobierno ha logrado un acuerdo con todas las fuerzas políticas para echar adelante nuevas medidas, algunas de ellas de carácter extraordinario, para combatir a las pandillas. El acuerdo, sancionado con un decreto aprobado por unanimidad en la Asamblea Legislativa, contempla implementar doce acciones, todas ellas en relación a los privados de libertad y a los centros penales del país, en especial a los siete que recluyen a pandilleros, con el fin de evitar que contacten con el exterior. Según el decreto, las medidas de carácter extraordinario tendrán una duración de un año, ampliando con ello el plazo de 15 días que la ley establece para acciones de ese tipo.

El paquete aprobado implica un reconocimiento tácito de la pérdida de control de las cárceles. Las medidas no habrían sido necesarias si la Dirección General de Centros Penales hubiera impedido de manera efectiva el acceso de celulares y otros equipos de comunicación a los recintos. Pero no hay que perder de vista que en las cárceles se conjugan factores que no facilitan el debido control. La sobrepoblación, el hacinamiento, el insuficiente número de custodios y las deficiencias de infraestructura dificultan que las autoridades apliquen una efectiva supervisión dentro de los centros penales. Y a esos factores se suma el hecho de que buena parte de la población reclusa cuenta con recursos y una red de apoyo que les permite burlar fácilmente los controles.

Además, es de todos conocido que el Gobierno lleva negociando, desde hace tiempo, con las empresas telefónicas para inhibir la señal telefónica en los centros penales y que ha invertido buen dinero en la compra de equipos que bloquean la conexión. Hasta ahora, los resultados han sido nulos. Sin embargo, con la aprobación del nuevo decreto y el establecimiento de cuantiosas multas para las empresas de telefonía móvil que no cumplan con lo estipulado por las autoridades, se ha logrado lo que durante mucho tiempo fue imposible: el bloqueo de la señal telefónica en las cárceles.

Ahora bien, es claro que las nuevas medidas no resolverán por sí mismas los altos índices de criminalidad que sufre el país. Se requiere implementar lo formulado en el Plan El Salvador Seguro y en otras propuestas ciudadanas. La Policía urge de un mejor y mayor entrenamiento, especialmente en el área de la investigación; la Fiscalía debe aumentar su capacidad de procesar y resolver casos; el sistema judicial tiene que funcionar con más eficiencia y aplicar justicia con rapidez y competencia. También es prioritario combatir la corrupción que pudre a las instituciones estatales responsables de la seguridad y de la justicia. Y no menos importante es que el sistema penitenciario permita la rehabilitación y la reinserción de la población privada de libertad. Ojalá pronto se alcancen acuerdos políticos en este sentido.

Por otro lado, también desde hace mucho tiempo, grupos ciudadanos vienen solicitando la prohibición de portación y tenencia de armas en manos de civiles. La oposición a esta medida ha sido fuerte; muy pocos políticos la apoyan. Sin lugar a dudas, la permisividad de nuestras leyes ha facilitado que los criminales puedan conseguir todo tipo de armas. A este respecto, pues, hay tarea por delante, al igual que en el análisis sobre la contribución del narcotráfico y el consumo de drogas a la criminalidad. Es muy posible que el modelo prohibicionista esté generando más daños que beneficios y contribuyendo mucho más de lo que se piensa a alimentar la violencia en El Salvador.

Desde una perspectiva de largo plazo, lo más urgente y efectivo para que los grupos criminales no sigan encontrando quien engrose sus filas es poner en marcha un plan de prevención que atienda distintos niveles. Se debe trabajar en acciones que limiten la desintegración familiar y protejan a los miembros más vulnerables de la sociedad. La solución estructural, como se ha afirmado tantas veces, no consiste en desplegar más policías, imponer penas más severas y enviar más gente a la cárcel. La reducción de la delincuencia se logrará mejorado la calidad de vida de la gente, ofreciendo oportunidades de empleo decente y digno a las familias pobres y a la juventud de los barrios marginales.

Con todo, en estos tiempos de aguda polarización y enfrentamiento políticos, es esperanzador que los partidos haya logrado este acuerdo, aunque esté dirigido exclusivamente a la lucha contra las pandillas y deje fuera otros muchos temas clave para la seguridad ciudadana y la persecución del crimen organizado. Ojalá este sea un primer paso para la consecución de otros acuerdos políticos, enfocados en algunos de los aspectos antes señalados. Sin ellos, las medidas recién aprobadas no cambiarán de forma permanente la situación de inseguridad en nuestro país.