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La mayoría de migrantes centroamericanos no quieren salir de Estados Unidos. Y los cubanos que buscan acogerse a la Ley de Ajuste Cubano no quieren quedarse en Centroamérica, sino una solución para continuar su camino hacia el país del Norte. Los centroamericanos están siendo perseguidos por las autoridades estadounidenses para devolverlos a sus países de origen. Los cubanos ponen un pie en aquella tierra y tienen derecho a la ciudadanía. A los centroamericanos ni siquiera huir de la violencia les da derecho a optar por asilo en Estados Unidos. No hay duda, la migración sigue siendo el tema del siglo y el sufrimiento de las personas queda en un segundo plano, detrás de la agenda política.
En vísperas de Navidad, The Washington Post reveló que en 2016 el Servicio de Inmigración y Protección de Aduanas llevaría a cabo deportaciones masivas de migrantes centroamericanos. Aunque las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional no confirmaron la información, las redadas del 2 de enero dejaron en evidencia que la administración de Barack Obama ha optado por la mano dura en contra de todo aquel que haya ingresado ilegalmente a Estados Unidos a partir de enero de 2014. En varias ciudades estadounidenses se han realizado marchas en repudio de la medida y las organizaciones defensoras de los hispanos han anunciado que utilizarán todos los recursos legales a su alcance para contrarrestarla.
El principal argumento en contra de la decisión es que se persigue a familias que huyen de la violencia que impera en sus países de origen. En esa línea, algunos líderes latinos opinan que de ser deportados muchos de los migrantes serán asesinados. Así, la medida del Gobierno estadounidense ha sido calificada de inhumana, escandalosa e indignante. Durante su mandato, el presidente Obama ha deportado a más de 2.5 millones de indocumentados; y entre el 1 de octubre de 2013 y el 31 de agosto de 2015, más de 102 mil menores de edad no acompañados, procedentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, fueron aprehendidos en la frontera sur de Estados Unidos.
Si en tiempos normales los indocumentados viven intranquilos ante la posibilidad de ser deportados, las recientes acciones han provocado angustia y congoja en las familias que ven su separación a la vuelta de la esquina. Esta situación entronca con el discurso xenófobo que ha caracterizado a la campaña política de los aspirantes republicanos a la presidencia de Estados Unidos. ¿Es pura política electoral lo que hace que Obama juegue con la vida de los migrantes? Las redadas de este año, propias de tiempos de persecución ya superados, contrastan con la promesa del mandatario de favorecer a la población migrante. En realidad, Obama enfrenta serias presiones y críticas, sobre todo de los republicanos, que culpan a los migrantes de buena parte de los males que se padecen allá.
Sin embargo, en el análisis hay que considerar que el número de deportados ha bajado por tercer año consecutivo y que en el año fiscal 2015, que terminó en septiembre, fueron expulsados un poco más de 231 mil migrantes, la cifra más baja desde 2006. Quizás por eso, y ante las críticas y de cara a los electores, el Gobierno demócrata busca lanzar un mensaje de firmeza contra la migración ilegal. Pero es otra cosa lo que leen las familias centroamericanas. Lo que Estados Unidos les está diciendo es que en su territorio no hay sitio para refugiarse de la violencia que reina en el Triángulo Norte del istmo.
Pero más allá de las razones de Obama y las dinámicas electorales estadounidenses, es fundamental centrar la atención sobre la situación de nuestras naciones. Que el principal argumento en contra de la política de deportaciones sea el contexto de criminalidad que se vive acá debería ser motivo de vergüenza para los países centroamericanos y sus Gobiernos. A la desigualdad, la falta de oportunidades y los salarios de hambre como principales causas de la migración, ahora se suma la violencia, que sigue desatada sin que haya signos de que menguará. Antes de reclamar a otros, los gobernantes del istmo deberían concentrarse en cumplir con sus tareas, a fin de brindarles seguridad y esperanzas de vida digna a sus ciudadanos.
