Procurador para la defensa del estado de excepción

Hace ya algunos días inició el proceso para investigar y seleccionar, entre los candidatos que se presentan, al próximo procurador para la defensa de los derechos humanos. Aunque esta elección es de suma importancia para el desarrollo democrático de El Salvador, muy rara vez se ha tomado en serio. Entre los elegidos para el cargo ha habido personas muy dignas, pero también otras marcadas por la corrupción o la ineficacia. Además, en general, la clase política y las instituciones estatales no han sido respetuosas con los informes y recomendaciones de la Procuraduría. En el actual proceso en marcha, los candidatos que han asistido a la comisión parlamentaria responsable de revisar las capacidades personales para el cargo no han dado muestra de siquiera entender en qué consiste la defensa de los derechos humanos, al igual que los diputados que los han interrogado. No importa que la proclamación de los derechos humanos sea considerada un hito en el proceso de desarrollo de la conciencia moral de la humanidad, para los diputados oficialistas la utilidad y conveniencia del poder priva sobre cualquier otro criterio.

En este contexto, es necesario recordar, en primer lugar, que los derechos humanos son patrimonio del pueblo social e individualmente, son universales, es decir, todas las personas pueden reclamarlos y exigir su cumplimiento; y para todas las instituciones del Estado constituyen un deber: están obligadas no solo a respetarlos, sino también a impulsarlos. La simple omisión u olvido de los mismos constituye una falta que puede y debe ser reclamada por los afectados y por toda la ciudadanía partidaria de la convivencia democrática. En circunstancias especiales, algunos derechos básicos pueden restringirse en favor del bien común, pero nunca anularse totalmente. Sin embargo, en El Salvador, ciertos factores históricos y políticos han rebajado la calidad de los derechos de todos.

Los derechos a la educación, a la salud, a un medioambiente sano, al bienestar económico, a la libertad de expresión y a la igualdad ante la ley han enfrentado y enfrentan serias limitaciones e incumplimientos. La irresponsabilidad, incluida la ignorancia culpable de una parte de los jueces, es grande ante tratados, convenciones y protocolos de derechos humanos ratificados por el país y que, por tanto, son parte de la legislación nacional. Por ello, el procurador de derechos humanos no solamente debe defender los derechos concretos de la ciudadanía, sino que debe ser conciencia nacional de las limitaciones en este campo y ejemplo de integridad y apego a la ley para un sistema judicial hasta ahora incapaz de tomarse en serio el derecho convencional. Personas complacientes con los abusos de poder del Estado, nepotistas o gente que cambia de opinión según sea la coyuntura política no sirven para dirigir la Procuraduría. Lamentablemente, los candidatos al cargo solo han atinado a expresar su acuerdo con la normativa reguladora del actual estado de excepción, que es fuente de un amplio número de atropellos y abusos.