Profundizar la democracia, no debilitarla más

La Sala de lo Constitucional emitió hace algunos meses la sentencia número 61-2009, en la que dejó claro que es inconstitucional el modo de elección de los diputados a través de listas cerradas y bloqueadas. La sentencia fue muy mal recibida por la clase política del país, cuyos representantes más atrevidos tuvieron el valor de decir que los magistrados de la Sala no respetaban la separación de poderes y no tenían autoridad para inmiscuirse en asuntos que eran responsabilidad exclusiva de la Asamblea Legislativa.

A pesar de estas declaraciones, los legisladores no han tenido otra alternativa que estudiar la sentencia y trabajar en las modificaciones a la ley electoral necesarias para no seguir contraviniendo la Constitución. Según parece, la comisión de asuntos electorales de la Asamblea está muy cerca de alcanzar un acuerdo sobre el tema y pronto propondrá al pleno la modificación que supuestamente resolverá el problema de inconstitucionalidad. Sin embargo, a juzgar por la manera en que los diputados resolvieron el tema de las candidaturas independientes, y por lo que ha trascendido sobre el trabajo que han realizado en torno a las listas abiertas y la elección directa, es de temer que también en este caso los legisladores estén buscando una salida que en apariencia corrija la situación, pero que en realidad siga favoreciendo los intereses de las cúpulas partidarias.

Todo apunta a que la solución que han encontrado los diputados es una componenda más para mantener sus privilegios y el control de las cúpulas de los partidos sobre sus diputados. La propuesta es ofrecer unas listas en las que el elector pueda votar de dos modos distintos y excluyentes. Si el votante lo desea, podrá marcar la bandera del partido, lo que significará que da su voto a la planilla de diputados, tal y como ha sido hasta ahora, avalando así el orden asignado por cada partido. En la otra línea, el ciudadano tendrá la posibilidad de votar directamente por los candidatos de su preferencia, marcando con una cruz las fotografías correspondientes en las planillas presentadas por los partidos para el departamento.

De ser así, de mantenerse la primera forma de voto, una vez más los señores legisladores le harán un mal favor a la ya maltrecha democracia. En primer lugar, este sistema dará lugar a muchos votos nulos, pues no será nada extraño que los electores se confundan y voten de ambas maneras a la vez. Además, se complejizará el conteo y se dificultará que resulten ganadores los candidatos que más votos obtengan. En definitiva, no se garantizará el sufragio libre y directo.

Para cumplir con la sentencia de la Sala de lo Constitucional es necesario abrir las listas y que cada quien pueda votar directamente por los candidatos de su agrado, incluso escogiendo personas de partidos diferentes. Y no basta con cambiar la papeleta; también hay que cambiar el procedimiento de asignación de los votos. Es necesario eliminar el sistema actual de residuos electorales y pasar a asignar las diputaciones de cada departamento a los candidatos con mayor número de votos. Por ello, solo puede existir una manera de votar: el voto directo a cada candidato.

En estos días en que diversos pueblos del mundo están luchando por la democracia, El Salvador no puede quedarse atrás, no puede permitir que la nuestra siga debilitándose por los intereses mezquinos de los partidos políticos. La elección directa obligará a cada diputado a estar más cerca de la población que lo eligió, a responder a sus demandas y dar cuenta de su gestión ante sus electores. El que no sea capaz de hacerlo no volverá a ser diputado y terminará así su carrera política. Ello, sin duda, ayudara a avanzar hacia una democracia menos electoralista y más participativa, en la que los votantes no entregan todo el poder a los partidos, sino que pueden exigir a sus representantes que trabajen en defensa de sus intereses.

Tanto las candidaturas independientes como la elección directa de los diputados responden a un derecho constitucional y fortalecen nuestro sistema democrático. Ojalá que la Asamblea Legislativa sea consciente de ello. En sus manos está parte del futuro democrático de nuestro país; y en sus decisiones, la posibilidad de recuperar el prestigio perdido.