Que digan por qué

El reconocimiento del agua y la alimentación como derechos humanos en la Constitución de la República ha sido rechazado reiteradamente por Arena y el PCN. En 2012, la reforma constitucional fue aprobada con los votos de todas las fracciones legislativas. Sin embargo, se necesitan 56 votos para que la reforma sea ratificada y quede en firme en la Constitución. En la legislatura 2012-2015, hubo varios intentos de ratificarla, pero fue imposible porque los diputados de esos dos partidos de derecha negaron sus votos. El pasado lunes 22 de agosto, la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para que se votara la ratificación en la plenaria del jueves 25. Pero el asunto no llegó a discutirse porque, una vez más, no se contó con los votos de Arena y el PCN.

Nunca, ni a título personal ni como fracción, estos partidos han dado argumentos serios de su negativa. ¿Por qué se oponen a que el agua y la alimentación sean reconocidas como derechos humanos? Decir que con la ratificación de este derecho no se resolverá el problema del agua es puro cinismo. Argumentar que primero deben ser las leyes secundarias y después la reforma constitucional es invertir descaradamente el principio de primacía de la Constitución. Lo primero es la Carta Magna; las legislaciones secundarias deben responder a ella, no al revés.

Los argumentos para que se reconozcan estos derechos sobran y no pueden ser más contundentes ni diversos. Este reconocimiento constitucional es tendencia internacional. En 2010, la Asamblea General de la ONU reconoció al agua como derecho humano y como condición para el cumplimiento de otros derechos fundamentales. El organismo internacional instó a sus Estados miembros a hacer lo mismo en sus legislaciones. Y más de 90 mil firmas de salvadoreños exigiendo este reconocimiento fueron entregadas a los legisladores en años recientes. También la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha instado a El Salvador a reconocer estos derechos fundamentales.

El exprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, se pronunció categóricamente por este derecho y amonestó a los diputados por no reconocerlo. En mayo de este año, Leo Heller, relator especial de la ONU, después de una visita de ocho días al país, afirmó que el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento protegerá a los más desfavorecidos. Y el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, ha solicitado con evangélica insistencia que se apruebe este derecho para todos los salvadoreños. Negar los votos para ello es estar en contra de la vida, dijo el jerarca de la Iglesia.

A pesar de estas y otras muchas muestras de apoyo a la ratificación, Arena y el PCN siguen negando sus votos. Tanto empecinamiento merece una explicación. Que digan por qué se oponen, pero que expongan razones de fondo y verdaderas, tal como merece un tema tan delicado e importante para El Salvador. Pues no apoyar este derecho es no apoyar a la mayoría de la población. ¿Qué intereses defienden? ¿Entienden al agua y a los alimentos como mercancías, no como derechos? ¿Por qué niegan sus votos? ¿Quiénes les dan instrucciones y les protegen para que actúen tan impune e irresponsablemente? El agua es condición de posibilidad de la existencia humana; oponerse al derecho de acceder a ella es, como dice el arzobispo, negar la vida.