Que el TSE cumpla su misión

A estas alturas ya no deberíamos seguir hablando de las elecciones; todo debería estar resuelto y claro. Por desgracia, las dudas que el Tribunal Supremo Electoral ha mostrado para recontar los votos de las elecciones legislativas de San Salvador, tal y como lo ha ordenado la Sala de lo Constitucional, obliga a ello. Antes que nada, es importante aclarar que la sentencia de la Sala busca defender los votos de la ciudadanía y los derechos democráticos de los partidos políticos en la contienda. La decisión no es un capricho ni se debe a que los magistrados no estén de acuerdo con el resultado electoral, como han afirmado algunos; la decisión responde a las demandas de amparo de varios candidatos y partidos políticos, que han documentado debidamente graves inconsistencias en el conteo de los votos, tanto en el de las Juntas Receptoras como en el escrutinio final.

Con ello, la Sala valida la petición que distintas instituciones y entidades hicieron durante el escrutinio al conocerse las irregularidades que presentaban un número importante de actas de las Juntas Receptoras de Votos. Ya en ese momento distintas voces solicitaron que se abrieran las urnas que tenían claras inconsistencias, para hacer de nuevo el conteo, pero el Tribunal ignoró estas solicitudes y procedió a invalidar actas, dejando fuera del conteo los votos de un buen grupo de ciudadanos. Esto, por supuesto, es una violación al derecho al voto y un irrespeto a la voluntad popular. En este sentido, al ordenar el recuento voto por voto, la Sala de lo Constitucional no está defendiendo cuestiones propias ni posiciones políticas, sino garantizando los intereses democráticos y la transparencia de unas elecciones muy cuestionadas.

Según los análisis realizados, en San Salvador el voto cruzado supuso el 12% del total y fue el departamento donde más se utilizó esta nueva modalidad de votación. Y fue precisamente en el conteo del voto cruzado donde se cometieron los principales errores, pero no tanto por la novedad en el ejercicio del sufragio, sino por la dificultad de asignar los votos de forma fraccionada a cada partido político o candidatura independiente. También se ha notado que algunas Juntas Receptoras cometieron errores en el conteo de los votos, al contabilizar cada marca por rostro como un voto por partido. A eso se suma que San Salvador es el departamento más complejo, por ser el que más diputados elige, y donde hay un mayor número de inconsistencias en las actas. Todo esto hace que tenga sentido haber ordenado el recuento voto por voto para la capital, a fin de asegurar la fidelidad a la voluntad popular. Además, permitirá conocer cuáles fueron los errores más comunes que cometieron las Juntas Receptoras al momento de contar los votos, con lo cual se tendrá un mejor diagnóstico de las dificultades asociadas a las nuevas modalidades de votación y se dispondrá de importantes insumos para corregir lo que sea necesario.

Dicho lo anterior, es penoso saber de los impedimentos que el Tribunal Supremo Electoral ha puesto para aceptar la sentencia de la Sala. Decir que no se cuenta con el presupuesto ni los recursos humanos para hacer el recuento es solo una excusa, así como fue una táctica dilatoria que el Tribunal le pidiera a la Sala una aclaración de la sentencia. Ahora la Sala ha ampliado el plazo para el recuento, y aunque finalmente el TSE ha decidido que hará la tarea, sigue perdiendo el tiempo en lugar de ponerse a organizar con diligencia este proceso. Es sabido que al interior del organismo electoral las posiciones de los magistrados divergen: mientras una minoría no desea hacer el recuento, la mayoría sí. Lo mismo ocurrió ante la petición de abrir las urnas con inconsistencias en las actas. La negativa tuvo un alto costo, pues si se hubiera aceptado en ese momento, hoy no sería necesario proceder al recuento de votos de todo un departamento.

Es absurdo que el Presidente del Tribunal haya afirmado en el acto de entrega de credenciales que el proceso electoral se llevó a cabo sin problemas y que el organismo que preside “tiene el mérito, que nadie ha reconocido, de haber garantizado el ejercicio del sufragio de todos los salvadoreños”, cuando cualquier observador pudo darse cuenta de las muchas muestras de incompetencia, de la suma de errores garrafales y de la imposibilidad de los magistrados de ponerse de acuerdo. Por el bien de la democracia y para no aniquilar del todo su credibilidad, el TSE debe hacer el recuento de votos lo antes posible, de manera transparente y confiable, para entregar un resultado definitivo y creíble a la ciudadanía. Solamente así cumplirá su misión de “garantizar a la sociedad salvadoreña la administración autónoma y efectiva de procesos electorales democráticos, una pronta y cumplida justicia electoral, el pleno ejercicio de los derechos políticos y el fomento de una cultura cívico-democrática”, como rezan sus documentos.