Reacciones ante la violencia

Cuando en 1997 el Vicerrector de la UCA comentaba un estudio del IUDOP sobre delincuencia y homicidios, dijo que vivíamos en el país más violento de América Latina. Sus declaraciones levantaron ampollas en las instituciones oficiales. Incluso el Presidente de la República de ese entonces, del partido Arena, acusó a la UCA de estar en alianza con el FMLN para impedir que viniera turismo a El Salvador. Hoy, 14 años después, cuando las Naciones Unidas hablan de El Salvador como un país muy violento, las autoridades tratan de quitarle importancia al asunto y no faltan algunos comentaristas que hablan de la instrumentalización de ese tipo de noticias por parte de la derecha.

El presidente Mauricio Funes ha dicho que los datos de las Naciones Unidas que califican a El Salvador como el país más violento del mundo están desfasados, que corresponden al período anterior, el de Arena, y que ahora Honduras nos gana. En realidad, esa no es la respuesta, como tampoco lo fue la que formuló el presidente de Arena en 1997. El poder tiene que acostumbrarse a enfrentar los hechos como son y no a buscar excusas. El problema de la violencia en El Salvador es grave. Y el informe de la ONU simplemente nos lo recuerda. Si no somos el país más violento, sino el segundo o el tercero, es lo de menos. Lo que tenemos que plantearnos es si descendemos en violencia o no. Y en ese aspecto los números no son muy alentadores.

A nadie en su sano juicio se le podría ocurrir echarle la culpa de la aguda violencia actual al Gobierno del Frente. Pero es lógico también que se le exijan resultados. Si el Gobierno quiere defenderse de su falta de resultados, tiene que elegir una estrategia distinta a la de decir que ya no somos el país más violento. La única estrategia válida es la de recordar que la violencia actual trasciende la labor de un Gobierno concreto. Y que, por tanto, es necesario buscar un gran acuerdo nacional contra el flagelo. Acuerdo que no solo debe unir fuerzas, sino también estrategias.

La violencia nos afecta de tal manera que todos los partidos políticos tienen la tentación de usarla en su beneficio. Sin embargo, al ser un problema común, el remedio no es ponerse como salvadores o atacar al otro como único culpable. La única solución es lograr un acuerdo que sea realmente racional frente a lo que ahora tanto nos abate y duele. Esa es la estrategia, y lo decía el domingo pasado nuestro arzobispo, monseñor Escobar, al tiempo que le recordaba a los partidos políticos que hay temas que tienen que estar por encima de sus intereses particulares.

Pero el país, hay que reconocerlo, es pobre en estrategias. Apoyarse en el Ejército, planificar manos duras o más cárceles, creer que con los recursos existentes se puede frenar la ola delincuencial es simple y sencillamente estar en la luna. Sin un esfuerzo nacional en el que se unan proyectos de desarrollo amplios y serios que mejoren efectivamente el bienestar de la población, no iremos lejos. Tienen que cambiar de mentalidad los sectores económicamente poderosos que no desean que haya un sistema único de salud. Hay demasiadas voces en el liderazgo económico y político que se oponen de hecho a un sistema educativo de calidad. Hay demasiados poderes fácticos que se oponen a un aumento urgente y radical de los recursos destinados a educación y salud. Poderes reales que de hecho no quieren que la violencia desaparezca, por más que en público se opongan a ella. Porque acabar con la violencia implica acabar con la pobreza, con la marginación, con el empleo mal pagado y con el lujo provocativo de algunos enfrentado a la pobreza de otros. Mientras no se frene la guerra de los poderosos contra los débiles, como la llamaba Juan Pablo II, y no pasemos a un proceso en el que al menos se nacionalice la solidaridad, el problema de la violencia seguirá igual con el FMLN, con Arena o con cualquiera que llegue a dirigir los destinos de esta nación. Solo cuando contemos con un verdadero acuerdo nacional de desarrollo lograremos disminuir la violencia.