Realidad inocultable

Suele pasar en muchos países: el Gobierno se niega a reconocer la realidad, no acepta que lo que ocurre es distinto a lo que los funcionarios dicen o perciben. En la mayoría de los casos, no se trata de que desconozcan lo que está pasando en su sociedad, ni que su posición de gobernantes lejanos a la cotidianidad y vida de los ciudadanos comunes les impida ver la realidad, pues para eso tienen a equipos dedicados a informarles del acontecer y sus problemas. No es un asunto de ignorancia, sino una opción deliberada de ocultar la realidad cuando esta no favorece a la gestión gubernamental.

Cuando las autoridades no aceptan ni reconocen, o en el mejor de los casos minimizan, la realidad que vive la mayoría de la población, se genera una distancia entre ambos, de donde nace el rechazo ciudadano a los gobernantes. Esta dinámica es la que se está dando entre la administración de Salvador Sánchez Cerén y una buena parte de los salvadoreños, que tienen la impresión de que el Presidente de la República vive en otro país, en una realidad alterna.

Uno de los temas cruciales para nuestra gente que el Gobierno del FMLN no ha reconocido como corresponde es el desplazamiento forzado: gran número de familias y personas se ven obligadas a dejar su vivienda por la delincuencia o el acoso de las autoridades. El Gobierno ha minimizado esta realidad. A regañadientes ha aceptado la existencia de movilidad interna, ofreciendo un número de desplazados muy por debajo de la realidad. Ello ha sido puesto al descubierto por organizaciones de derechos humanos que sensibles a esta problemática han puesto en marcha programas de atención y registro de las víctimas.

El último informe gubernamental sobre movilidad interna, de marzo de este año, afirma que entre 2006 y 2016 apenas se registraron 466 casos. En contraste, Cristosal, una de las organizaciones que da seguimiento al tema, afirma que en los tres últimos años al menos 418 menores de edad fueron víctimas de desplazamiento forzado. La cifra oficial queda desmentida cuando esta organización de derechos humanos calcula que durante 2017 las víctimas de desplazamiento forzado sumaron 701 personas. Por su parte, el Idhuca señala que en el mismo año atendió 260 casos de familias que solicitaron salir al extranjero por la situación de violencia.

El desplazamiento forzado en El Salvador es una verdadera tragedia, que afecta a cientos de familias, pobres en su mayoría, que incluso se ven forzadas a desplazarse más de una vez, dado que sus victimarios las localizan fácilmente. Peor aún, el grupo de víctimas está constituido por un alto porcentaje de niños, niñas y adolescentes. No reconocer esta realidad impide que reciban ayuda y protección por parte del Estado, que exista una oficina gubernamental de atención a las víctimas del desplazamiento forzoso y que se destinen los recursos necesarios para la atención de estas familias.

Tanto la Sala de lo Constitucional como la relatora especial de Naciones Unidas para los desplazados a nivel interno han señalado la obligación del Estado salvadoreño de atender las necesidades y proteger los derechos de estas personas y de sus familias con un marco jurídico especial y las acciones requeridas. Ello hace necesaria la pronta aprobación de una ley especial que dé cumplimiento a la sentencia de la Sala y equipare a El Salvador con los estándares internacionales señalados por Naciones Unidas en esta materia. Solo así se podrá decir que el país reconoce la realidad del desplazamiento forzado y sus víctimas.