Recetas caducas

Desde hace una buena cantidad de años, la inseguridad y la violencia son catalogadas como los problemas más graves del país. Aunque en los últimos tiempos el protagonismo lo ha tenido la segunda, ahora la crisis de las finanzas públicas le hace competencia en la cobertura mediática. Por supuesto, no es que la violencia y la inseguridad se hayan superado significativamente, sino que la crisis de las finanzas públicas llegó al límite, provocando que el Gobierno cayera en el impago de sus obligaciones. Y esa es la noticia del día a día. Pero esta crisis viene cociéndose, creciendo, complejizándose desde inicios de la posguerra; no es un artificio político del actual Gobierno para que se aprueben más préstamos, como ha dicho Arena.

En 2003, cuando creó el plan económico del Gobierno de Antonio Saca, Fusades advertía: “La estabilidad fiscal no está garantizada con las políticas actuales […] De continuar la tendencia el país perderá su grado de inversión”. Y añadía que las causas de esa situación se debían en parte a que “el costo fiscal de la transición del régimen de seguridad social es significativo y creciente”. Sin embargo, los Gobiernos de Arena no hicieron nada para solucionar el problema, solo taparon los huecos con remiendos, y lo mismo ha hecho el FMLN. Ahora, los diputados de Arena vuelven a proponer remiendos, no soluciones reales y de fondo, pues saben bien que estas no son fáciles de implementar y requerirán sacrificios de todos, especialmente de quienes más tienen (y que en la actualidad menos ponen).

La lógica de las propuestas ante la crisis sigue respondiendo al modelo económico neoliberal, el cual ha sido falseado por la realidad y ya ni sus mismos fundadores defienden. El neoliberalismo, que prometía desarrollar a países como el nuestro, provocó la agudización de la pobreza y ha elevado la desigualdad a niveles sin precedentes en la historia contemporánea. Este modelo está a la base de las posturas de Arena, que, como se sabe, son las posturas de los millonarios del país, una élite que ha acumulado fortunas mientras el Estado quiebra y cerca de 40 de cada 100 salvadoreños vive en la pobreza. En el fondo, se sigue considerando al Estado como el problema, no como parte de la solución. Por eso se privatizaron las empresas estatales que eran rentables, se desmantelaron servicios públicos y se privatizaron las pensiones. La imposición del modelo neoliberal debilitó a nuestro Estado, y las privatizaciones no funcionaron para regular o desarrollar el mercado ni mucho menos para combatir la pobreza, la exclusión y la destrucción medioambiental.

Por supuesto, está fuera de duda la necesidad de eliminar del Gobierno gastos superfluos, reducir salarios ofensivos y eliminar privilegios. Pero eso no quiere decir que haya que debilitar al Estado, porque ese debilitamiento es parte de lo que nos tiene en la actual situación. La derecha cree que la crisis se solucionará mediante una reducción estatal, pero se equivoca. A lo largo de la posguerra, los únicos ganadores de esa receta han sido sus intereses. Para solucionar este problema es necesario tener un Estado fuerte; no grande, sino eficiente y con capacidad de hacer imperar la ley. Además, hay que profundizar la democracia, velar por los derechos económicos, sociales y culturales de todos los ciudadanos.

El principal obstáculo para salir de esta crisis coyuntural es el egoísmo político de partidos que solo entienden de intereses electorales, ignorando el daño que le hacen a la población. Y el principal impedimento para enfrentar los problemas estructurales es la continuidad de un modelo económico y social esencialmente injusto, generador de exclusión, de terribles desigualdades. Es tiempo ya de buscar soluciones, no salidas temporales.