Recursos para la seguridad

Con la ratificación del Presidente de la República, entrarán próximamente en vigencia dos nuevas medidas aprobadas por la Asamblea Legislativa para recaudar más fondos para seguridad: el gravamen del 5% a las telecomunicaciónes y un 5% adicional al impuesto sobre la renta para las empresas y los particulares con ganancias anuales superiores al medio millón de dólares. Como era de esperarse, la oposición de Arena, la ANEP y sus cámaras sectoriales, y los grandes medios de comunicación, con El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica a la cabeza, ha sido total. Esta radical oposición de los grupos económicamente más poderosos y la manera en que la prensa ha hecho eco de sus posiciones podrían dar la impresión de que toda la ciudadanía está en contra de los nuevos impuestos. Pero no es así; muchas personas e instituciones, con un mayor sentido patriótico y solidario, y que a diario sufren los embates de la violencia, apoyan estas medidas y consideran necesario que el Gobierno disponga de más recursos para el plan El Salvador Seguro y cualquier otro esfuerzo que abone a superar la grave situación de inseguridad y criminalidad que vive el país.

El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica han mostrado, una vez más, que su línea editorial y su política informativa no responden a los intereses de la mayoría de la sociedad ni reflejan la defensa de la verdad y la libertad de la que tanto hablan en las reuniones de la Sociedad Interamericana de Prensa. En este asunto, al igual que en muchos otros, defienden a ultranza una posición bien definida, dejando de lado otras voces y puntos de vista. Así, pervierten la misión social de los medios de comunicación: informar de manera independiente y objetiva, sin defender posiciones e intereses particulares. En la práctica, son instrumentos ideológicos al servicio de un tipo de sociedad excluyente y de los intereses de los grupos de poder económico y político.

Como ya se ha señalado en varias ocasiones, quienes más sufren las consecuencias de la violencia y la inseguridad son las comunidades pobres, los que viajen en bus, los pequeños negociantes, los que no pueden pagar seguridad privada para proteger sus casas. Las víctimas de los homicidios son en su mayoría jóvenes de barrios marginales y de cantones rurales, hombres y mujeres que sobreviven en la economía informal por falta de un empleo formal. Habría que preguntarles a ellos y a sus familiares, a las víctimas de la violencia, si están de acuerdo en que el Gobierno tenga los recursos necesarios para ofrecerles seguridad, para impulsar programas de prevención, para apoyar a las familias de las víctimas. Son ellos quienes tienen la mayor autoridad para opinar sobre este asunto, no los que viven en burbujas de bienestar, con la vida asegurada de múltiples maneras. Pero los pobres no cuentan para los que en nuestro país han vivido siempre en la abundancia. No en vano monseñor Romero llamó decenas de veces a los ricos a ser solidarios con los pobres, a compartir sus riquezas, a que no se dejaran arrastrar por los ídolos del poder y del dinero.

No hay que perder de vista que todos los estudios recientes apuntan a que la criminalidad es un importante escollo para la inversión y el desarrollo económico de El Salvador. El alto gasto en seguridad, tanto por parte del Estado como de los ciudadanos, reduce los fondos que se destinan a fomentar el desarrollo económico y social del país. Además, incrementa los costos de la producción privada, lo que disminuye su competitividad. Así las cosas, debería ser un interés de todos superar el problema de la inseguridad en el menor plazo posible. Por supuesto, no solo es posible, sino positivo discutir el modo de obtener los recursos adicionales que se requieren para ello. Pero de ahí a afirmar que ya hay suficientes recursos, proponer que se limiten los presupuestos de otras carteras del Estado o plantear medidas que supongan un incremento de la deuda pública hay una distancia insalvable. Ciertamente, es necesario exigirle al Gobierno el uso transparente de los recursos públicos, que dé cuentas de su utilización al servicio de la población. Se debe exigir, pues, que tanto los nuevos recursos que se obtengan de la contribución especial para seguridad como los ya existentes sean usados con responsabilidad, efectividad y transparencia, y únicamente para el fin señalado. En ello, la población debe permanecer vigilante y levantar la voz ante cualquier abuso que se cometa.