Reforma fiscal en una sociedad crispada

Nuestro país va de conflicto en conflicto. Hace unas semanas, la huelga de los trabajadores de la Corte Suprema de Justicia paralizó todo el sistema judicial, causando graves daños a la población y a la administración de justicia. La semana pasada, como medida de presión para que se les concediese un incremento al subsidio del transporte, los empresarios amenazaron con subir las tarifas e ir a paro. En estos días, el país vuelve a ser escenario de un nuevo conflicto. Ahora los protagonistas son el Gobierno y la empresa privada, y la causa, el anuncio de una reforma fiscal por parte del primero y la negativa de la ANEP a sentarse a discutir dicha reforma.

Vivimos en una sociedad crispada, y cualquier incidente resulta ser como una chispa que cae sobre un zacatal seco: enseguida se prende el fuego. Esta crispación hace muy difícil resolver los conflictos por la vía del diálogo y buscar soluciones que sean de beneficio para todos. Cuando se parte de posiciones autoritarias, cuando de entrada se recurre a amenazas o chantajes, se cierra la posibilidad de negociar, de resolver el conflicto para mutua satisfacción de las partes en pugna. En nuestro país, la mayoría de los conflictos se resuelven a favor de quien tiene más fuerza, y no a favor del bien común.

Al analizar el actual conflicto entre la ANEP y la administración Funes por los impuestos, se observan con claridad en ambas partes estas actitudes de intolerancia, autoritarismo y poca disposición al diálogo. A fines del año pasado, el Gobierno se comprometió a discutir el pacto fiscal en el seno del Consejo Económico y Social. Sin embargo, a pesar de ello, el Secretario Técnico de la Presidencia, que en el Consejo funge como coordinador, anunció públicamente que la decisión del Gobierno es realizar una reforma fiscal que incluirá la creación de dos nuevos impuestos: el predial y el patrimonial. Esta propuesta, como cualquier otra en torno al pacto fiscal, debería haber pasado antes por el Consejo, tal como se había acordado.

Por su parte, la ANEP, uno de los integrantes principales del Consejo, también había aceptado que el pacto fiscal se trataría en el seno de organismo. Pero ante el anuncio del Gobierno de buscar la reforma fiscal y la creación de nuevos impuestos, cambió de opinión y manifestó su negativa a participar en cualquier otra discusión sobre la reforma tributaria al interior del Consejo.

Esta medición de fuerzas puede echar al traste todo el esfuerzo de acercamiento y búsqueda de solución conjunta a los problemas del país que se ha ido construyendo a lo largo de año y medio de trabajo en el Consejo Económico y Social. Las posiciones crispadas de ambas partes hacen muy difícil llegar a una salida negociada en este conflicto.

El Gobierno necesita con urgencia la reforma fiscal y, dado el ritmo de las cosas, esta no se logrará a tiempo si no se hacen pronto los planteamientos necesarios. La ANEP no desea ninguna reforma fiscal; ha señalado repetidas veces que este momento de crisis no admite incrementar los impuestos. Ante ello, es necesario recordarles a los señores de la ANEP que en los años pasados, en los que se vivieron épocas de bonanza y crecimiento económico, tampoco quisieron hablar sobre los tributos. Ya es meridianamente claro que para la empresa privada y las clases más ricas de nuestro país nunca habrá un momento oportuno para una reforma fiscal. Junto a los pronunciamientos de los principales líderes empresariales, los intelectuales y formadores de opinión conservadores están produciendo a todo vapor para apoyar las tesis de que no se requiere más impuestos, que este Gobierno es insaciable y que lo que hay que hacer es frenar el despilfarro.

Contradicen esta posición de la intelectualidad conservadora criolla los planteamientos mucho más serios y experimentados en otras latitudes, como los del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que afirman la necesidad de incrementar el gasto social y la inversión pública. Ambas instituciones han señalado la urgencia de aumentar los ingresos fiscales, aunque también la de racionalizar algunas partidas del gasto; en concreto, los subsidios, porque no hay garantías de que realmente terminen en las manos de quienes los necesitan.

La falta de prudencia del Gobierno le ha servido en bandeja de plata a la ANEP la excusa para salirse de la discusión de una reforma fiscal en la que no están interesados. Una vez más, el empresariado salvadoreño deja en evidencia su falta de solidaridad y su incapacidad para introducirse en una economía moderna, en la que los impuestos son un medio reconocido de distribución de la riqueza y de cooperación con las necesidades de la sociedad, en la que cada quien contribuye según sus posibilidades reales.