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Los impuestos han sido siempre un problema en nuestro país. No hay cultura ciudadana de responsabilidad con los recursos que el Estado requiere para funcionar y ofrecerle servicios de calidad a la población. Para la mayoría, hablar de impuestos es desagradable, más aún si se discute incrementarlos. Pero, por otro lado, se le exige al Estado que brinde los mejores servicios públicos, que invierta más en infraestructura, que impulse la economía y el desarrollo, lo cual es contradictorio. Los fondos estatales proceden principalmente de dos vías: los impuestos y el endeudamiento. Si la deuda pública ya no puede incrementarse, como es el caso de El Salvador, no hay otra alternativa que aumentar los impuestos para obtener más recursos. Sin embargo, de poco sirve hacerlo si es fácil evadirlos.
En el país, la evasión fiscal es alta. Y se suele pensar que es un vicio solo de las grandes empresas, cuando más bien es parte de nuestra cultura; en la práctica, de un modo u otro, en mayor o menor medida, la mayoría evade impuestos. Los sectores que lo hacen con más facilidad son aquellos cuya labor escapa a los controles del Ministerio de Hacienda; entre ellos están quienes ejercen profesiones liberales de forma autónoma. Es muy común que se prefiera no recibir factura para así evitar el pago del IVA. Cada vez que se ofrece descontar el IVA a cambio de no dar factura, y cada vez que se ello se acepta, se evade el pago de impuestos. Así, además de eludir el pago del IVA, se facilita que la empresa o el profesional que no entrega factura evada también el pago del impuesto sobre la renta. Por tanto, al realizar un pago sin pedir factura se es evasor del IVA y cómplice de la evasión del impuesto sobre la renta. Dado que esta práctica es común, la cantidad que en total se defrauda al Estado es enorme.
Ahora bien, aun cuando se redujera o superara la evasión, es evidente que el Estado requiere de más fondos para cumplir plenamente con su misión. En esa línea, actualmente se ha generado consenso sobre el hecho de que la lucha por la seguridad necesita de más recursos. El Plan El Salvador Seguro, formulado y aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, requiere 2,100 millones de dólares para su implementación; un dinero que no está contemplado en el Presupuesto General de la Nación. De allí que el Gobierno haya presentado a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley para gravar con una tasa del 10% el consumo de servicios y equipos de telecomunicaciones. Si bien este tributo recaudaría recursos para la seguridad de una manera sencilla y rápida, no es la mejor solución, pues no considera la capacidad económica del contribuyente, grava por igual a ricos y pobres, lo cual no abona a la justicia social.
Las políticas económicas neoliberales defienden que cuantos menos impuestos se paguen, mayor consumo e inversión habrá, facilitándose así el crecimiento de la economía. Esa fue la tónica que se implementó en nuestro país, y es claro que no se produjeron los resultados previstos: nuestra economía no ha crecido, la inversión es baja y los empleos son escasos. En contraste, los países más desarrollados tienen una mayor carga impositiva y son capaces de ofrecer los mejores servicios públicos a sus ciudadanos. En esos países, los impuestos son progresivos, es decir, paga más quien más recursos tiene. De ese modo, los tributos sirven para redistribuir la riqueza entre los ciudadanos y contribuyen a la justicia social. En El Salvador, el principal gravamen, el IVA, se carga a todos por igual; y la tasa del impuesto sobre la renta varía muy poco en relación a los ingresos, lo que en la práctica lo vuelve un impuesto regresivo: en términos relativos, pagan menos los que más ingresos tienen.
Por lo anterior, es fundamental que El Salvador realice una profunda reforma fiscal que provea los recursos necesarios para el Estado de manera justa. Deben introducirse dos impuestos que son comunes en la mayoría de países: el impuesto a la propiedad inmobiliaria, también llamado impuesto predial; y el impuesto sobre el patrimonio familiar, o sea, sobre la riqueza de la que dispone una familia. Además, debe modificarse el IVA, variando su valor según el tipo de productos que se adquiera: menos impuesto para los artículos de primera necesidad (alimentos y medicinas) y más para los bienes y servicios de lujo (restaurantes, joyas, viajes, camionetas y autos deportivos, etc.). Asimismo, la reforma fiscal debe establecer los mecanismos necesarios para combatir tanto la evasión como el mal uso de los fondos públicos y la corrupción. Solo así podremos superar de una vez por todas los problemas de la hacienda pública y disponer de los recursos necesarios para que el Estado sirva adecuadamente al pueblo salvadoreño y fomente su desarrollo.
