¿Retorno a qué?

El lunes 24 aparece en las noticias como fecha de reapertura económica. Algunos hablan de retorno a la normalidad, aunque cada vez con menor énfasis, porque es cada vez más claro que si antes de la pandemia había incumplimiento de los derechos económicos y sociales, después de estos meses de encierro y desorden, el retorno será, en todo caso, a una anormalidad más profunda. Y lo que es peor, con menos instrumentos que antes para avanzar hacia un desarrollo equitativo y justo. De momento, la reapertura está amparada por una ley que está desfasada en fechas, lo cual significa que en realidad sigue el sálvese quien pueda. La Sala de lo Constitucional pidió al Ejecutivo que sancionara y publicara dicha ley, anteriormente vetada, y que lo hiciera cuanto antes. Y al Legislativo le pidió que le hiciera las imprescindibles reformas. Pero, para variar, ninguno de los dos poderes, embarcados en su guerra impopular prolongada, está haciendo gran cosa al respecto.

Además, una ley que señale fases no significa mucho; El Salvador necesita algo más que eso. Los largos meses de cuarentena han dejado una serie de problemas que es importante enfrentar. Sin embargo, hasta ahora no da la impresión de que quienes están al frente del Estado tomen en serio esos problemas. Antes de la pandemia, el país ya estaba seriamente endeudado. Los Gobiernos del FMLN incluso tuvieron problemas de caja, viéndose obligados a suspender provisionalmente algunos de sus proyectos estrella, como la pensión no contributiva a los ancianos de ciertos municipios. Hoy la deuda amenaza con llegar al 100% del producto interno bruto. Los desembolsos que deberán hacerse para pagarla reducirán drásticamente los recursos para inversión en desarrollo social si no se planifican ni legislan alternativas.

Por otra parte, algunas de las agencias de la ONU comprometidas con el desarrollo calculan que la pobreza en El Salvador puede alcanzar al 40% de la población, lo que significaría que más de 400 mil personas pasarían a sumarse a los más de dos millones que estaban en pobreza antes de la pandemia. Ni el Estado tiene un plan de desarrollo debidamente pensado para enfrentar el problema creciente de la pobreza, ni la empresa privada, incluso antes de estar debilitada por este tiempo de inacción, tenía la capacidad de dar trabajo a tanta gente necesitada. Demasiados quedarán en una situación precaria, o incluso de desnutrición, por largo tiempo.

El desarrollo será más difícil mientras los políticos, enredados en sus luchas, sigan interesados solo en las próximas elecciones. No parecen entender que hay desafíos más importantes que los torpes cálculos partidarios. Una vez más hay que repetirlo: un futuro para todos solo podrá construirse sobre la base de un diálogo racional y solidario. Y aunque el camino no ha sido expedito, las experiencias del mal manejo de la pandemia han acercado a diversos sectores de la sociedad civil. Médicos y maestros están más preocupados ahora por el mañana. Muchas personas e instituciones de la sociedad civil se han comprometido con la lucha y el repudio a toda forma de corrupción. Crece la idea de la necesidad de una reforma fiscal. Sectores de la sociedad antes enfrentados pueden dialogar ahora con mayor responsabilidad ante la situación.

A una polarización ideológica, muy falseada en su momento por Arena y el FMLN, le ha sucedido el culto a la apariencia prefabricada y a la mentira. Sin embargo, frente al espectáculo y el juego de espejos han surgido voces que ofrecen perspectivas viables de consenso. ¿Hay solución para un futuro que será muy complicado? Los salvadoreños volverán a tener esperanza si la sociedad civil logra crear ámbitos de diálogo, propone caminos de desarrollo racionales y solidarios, y presiona desde su diversidad y amplitud a los políticos y al Gobierno para que avancen en una nueva dirección.