Sacar de donde hay

El recargo del 13% al costo de la energía eléctrica entra con paso seguro a la lista de medidas impopulares de la presente administración. En otras circunstancias quizás no habría despertado tanto rechazo, ya que las tarifas de electricidad se han mantenido en niveles razonables y no se ha alterado la política de subsidios. Pero por la difícil situación económica que vivimos, por el impuesto a la comunicación y el aumento en las tarifas de ANDA, la tolerancia de la población ante los desaciertos está prácticamente agotada. Que los partidos de oposición y la gran empresa privada rechacen la medida de manera furibunda, respaldados por la infaltable cobertura de sus medios de comunicación, era de esperarse, pues su consigna es bloquear toda iniciativa gubernamental. Sin embargo, el rechazo ha sido casi masivo.

El recargo fue decidido a través de un decreto ejecutivo firmado el 16 de junio por el Presidente de la República y el Ministro de Economía, y se hizo público al final del mes. De acuerdo al texto del decreto, la finalidad del recargo es contribuir a la inversión social y fue necesario implementarlo por la subestimación del subsidio a la electricidad, lo que ha provocado un déficit acumulado de 827 millones de dólares. En el fondo, lo que el recargo refleja es la aguda falta de fondos del Gobierno; sencillamente, ya no tiene dinero para funcionar. El Ministro de Economía, hablando sobre el decreto, lo reconoció al decir que “es tiempo de hacer sacrificios”.

Ciertamente, el Gobierno se encuentra en una situación extremadamente difícil. En junio del año pasado, la Sala de lo Constitucional frenó la emisión de deuda por 900 millones de dólares para el funcionamiento del aparato estatal al admitir demandas que cuestionaban el modo en que se aprobó el préstamo. Más de un año después, la Sala aún no emite sentencia sobre el asunto, perjudicando directamente al Gobierno y haciendo el juego, también directamente, a los sectores políticos, económicos y mediáticos que lo adversan. En esta línea, más para resolver momentáneamente sus problemas de liquidez que para garantizar un retiro digno para la clase trabajadora, el Gobierno lanzó una propuesta de reforma al sistema previsional. El sistema mixto propuesto ha generado rechazo en diversos sectores, sobre todo, de nuevo, en la empresa privada, que defiende el sistema vigente, en especial por las jugosas ganancias que dejan las AFP. Por esa cerrada oposición, la administración de Sánchez Cerén no ha podido implementar la reforma, que sería como una bocanada de oxígeno para alguien que se está ahogando.

Es muy probable, pues, que la decisión de recargar la factura de la energía eléctrica sea fruto de la desesperación por obtener recursos, no de un análisis económico y político. Lo cuestionable es que en ese afán se termine afectando a todos los salvadoreños, pidiendo sacrificio a todos, incluso a aquellos que solo sobreviven. ¿Por qué no se ha tenido el valor de implementar la tan necesaria reforma fiscal progresiva para que paguen más los que más tienen? Esa sería una medida de justicia. Los que menos tienen han sufrido siempre y siguen sufriendo. En mayo del año pasado, el Ministerio de Hacienda osó publicar el listado de empresas morosas, que en conjunto le adeudaban al Estado más de 300 millones de dólares. ¿Qué pasó con esas empresas? ¿Pagaron? ¿O pudo más la airada protesta de la ANEP en contra de la publicación? ¿Qué pasó con las dos empresas de prestigio que debían al Estado más de $100 millones? ¿Pagaron? ¿Por qué no se hace algo eficaz para recuperar los más de 1,500 millones de dólares que cada año el Gobierno deja de percibir por evasión y elusión fiscal, y por apropiación indebida del IVA?

Sí, el Gobierno necesita recursos y tienen que buscar el modo de obtenerlos. Pero debe sacarlos de donde hay, de los que eluden cumplir con sus responsabilidades fiscales pese a sus generosos ingresos, no de los que solo tienen el trabajo para vivir.