Tras 19 días de ocupar la catedral metropolitana de San Salvador, ex combatientes y padres y madres de ex miembros de la antigua guerrilla desalojaron el templo el pasado sábado 8 de enero. Las tradicionales celebraciones religiosas de Navidad y año nuevo tuvieron significativos cambios en esta ocasión. El típico nacimiento fue sustituido por personas que perdieron piernas o brazos durante la guerra. María y José esta vez tomaron los rostros de ancianos y ancianas cuyos hijos e hijas murieron combatiendo en el conflicto armado. Y los tradicionales villancicos fueron sustituidos por voces que gritaban reivindicaciones. En lo fundamental, las demandas se concentraban en la exigencia de un aumento de las pensiones para los ex combatientes y la incorporación al sistema de pensiones de padres y madres de guerrilleros muertos durante la guerra civil.
Después de varios días de hacer oídos sordos a estas demandas, las presiones de la Conferencia Episcopal y de algunos feligreses que llegaron a increpar personalmente a los ocupantes de catedral obligaron a las partes a sentarse a negociar. El acuerdo para el desalojo fue posible gracias al diálogo entablado entre el Gobierno (representado por el Secretario Técnico de la Presidencia), los líderes de los lisiados y el obispo auxiliar de San Salvador, monseñor Gregorio Rosa Chávez, en calidad de testigo de honor.
En resumen, y según el comunicado de prensa hecho público el mismo sábado, el acuerdo radica en que las demandas de los veteranos y de los padres y madres de combatientes caídos en combate serán incorporadas a la agenda y tratadas con prioridad en la mesa creada por el Gobierno con las 14 organizaciones de ex combatientes de la antigua guerrilla, la cual viene funcionando desde el año pasado y ya ha dado solución a algunas de las demandas de este sector.
Desde YSUCA nos alegramos por la salida civilizada que tuvo este episodio. Aunque leyendo con cabeza fría el comunicado, el acuerdo es más bien un pacto de caballeros, porque en realidad los lisiados y padres y madres de los caídos en combate no tienen nada garantizado, por lo menos en el texto difundido.
Mirando el fondo de este asunto, hay algunos puntos que conviene tener en cuenta en esta acción reivindicativa por parte de los lisiados del conflicto armado. En primer lugar, es indiscutible que los lisiados de guerra, de uno y otro bando, y aún más los ancianos que perdieron a sus hijos durante la guerra, han sido sectores históricamente excluidos y olvidados. Muestra de lo anterior es que ellos y ellas fueron noticia en los grandes medios de comunicación no por su situación y sus demandas, sino por haber ocupado el templo católico más importante del país. Debemos reconocer que sin esa medida que incomodó a propios y extraños, estas personas no hubiesen obtenido atención y quizá no hubiesen sido atendidas.
Precisamente, el histórico olvido al que han sido condenados hace que con la llegada de un Gobierno con carta de presentación distinta a los anteriores, este y otros sectores marginados quieran resolver de una vez por todas las necesidades que han estado insatisfechas durante tantos años. Aunque se debe reconocer que el Gobierno actual ha dado visos de querer atender a este sector al reanudar las pensiones que antes les fueron negadas y entregar por primera vez un simbólico aguinaldo a los más de once mil beneficiaros inscritos, la administración Funes debe ser consciente de que es largo el camino que le queda por recorrer para resolver la marginación de los que fueron protagonistas de la guerra.
En el mismo sentido, los lisiados y padres y madres de ex combatientes caídos en combate deben entender que sus demandas, insatisfechas por tantos años, solo podrán ser resueltas gradualmente, y siempre y cuando persistan en su lucha de manera organizada y pacífica. Ojalá que esta acción sirva para que el Gobierno defina claramente sus prioridades y para que la sociedad en general y los medios de comunicación en particular no condenen al olvido y al sufrimiento a sectores para los que la vida está cuesta arriba.