Salud en huelga

Desde haces varias semanas, algunos hospitales del sistema nacional de salud han interrumpido sus servicios por las huelgas que realizan los médicos y los trabajadores. En algunos hospitales la interrupción de los servicios ha sido temporal, pero en el hospital Zacamil se cumplieron ayer ocho días de huelga. Según el personal del nosocomio, el motivo de la huelga es la falta de medicamentos para atender debidamente a los pacientes, así como unas instalaciones y equipos que se han venido deteriorando y que no cumplen con las condiciones mínimas para realizar intervenciones quirúrgicas ni otros tratamientos médicos. También se quejan de la incompetencia del director del hospital y piden su sustitución.

La población que acude al lugar se topa con un cierre por huelga y se queda sin la atención médica que requiere. En esta situación entran en aparente conflicto los derechos e intereses de dos grupos: los enfermos que reclaman su derecho a la salud y los trabajadores que ejercen su derecho a la huelga. Y es aparente, porque los huelguistas manifiestan que su acción se debe a que no pueden atender adecuadamente a la población y que con la huelga están precisamente defendiendo el derecho de esta a gozar de un servicio de salud de calidad. Si las instalaciones del hospital no cumplen con los estándares, si los equipos están arruinados o no se dispone de los consumibles necesarios para ponerlos a funcionar, si hay escasez de medicamentos de emergencia y para tratamientos permanentes, si el laboratorio ha sido clausurado por falta de pago a la empresa que renta los equipos, es muy difícil, si no imposible, ofrecer una adecuada atención hospitalaria. De ser cierto todo ello, aunque los trabajadores no estuvieran en huelga, el hospital tampoco podría responder a la demanda de la población que llega a sus salas en busca de atención.

El sistema de salud pública en El Salvador tiene décadas de padecer de graves debilidades. Pero es bueno recordar que en una época el Hospital Rosales fue un referente de buena atención en toda la región centroamericana; ahí acudían enfermos de los países vecinos en búsqueda de cura. Esa experiencia deja claro que la salud pública salvadoreña puede ser de muy buena calidad.

Las autoridades de salud del Gobierno del presidente Funes han venido haciendo mejoras en la atención primaria, la cual se ha extendido a poblaciones que no gozaban de la misma. Han finalizado y puesto en marcha algunos de los hospitales que llevaban años en construcción, y han mostrado interés y preocupación por mejorar el acceso a la salud de los más necesitados, prometiendo un sistema de salud único que ofrezca un servicio de calidad a todos los salvadoreños, sin distinción alguna. Pero a juzgar por lo que está ocurriendo, han descuidado a los hospitales que están en servicio y que en su momento fueron de mucho prestigio.

Es inexplicable que se permita el deterioro de equipos costosos e imprescindibles para realizar cirugías, así como la falta de medicamentos básicos para atender cualquier emergencia. Esta situación, que se viene dando en los diversos hospitales del país desde hace años, responde a la falta de planificación y a un error en la priorización de las inversiones nacionales en salud. Error que debe corregirse a la mayor brevedad posible. La gran mayoría de la población no tiene otra alternativa que la salud que ofrece el sistema público. Los costos astronómicos de los hospitales privados y de las consultas médicas particulares solo están al alcance de unos pocos. Cerrar hospitales como el Rosales o el Zacamil pone en riesgo la vida de muchas personas pobres que no pueden buscar atención en otra parte.

Ante una situación como esta, que pone en entredicho el derecho a la salud de los más pobres, las autoridades deberían responder con rapidez y encontrar soluciones en el plazo más corto posible. En este sentido, es urgente que se establezca el diálogo con los huelguistas. Pero si en lugar de ello, persiste el cruce de acusaciones y no se ponen los medios suficientes para que el hospital reabra sus puertas y atienda debidamente a los pacientes, quedará en entredicho que las partes tengan genuino interés de respetar el derecho a la salud de la población.