Salud: un derecho, no un lujo

Después de tres meses de gracia para preparar su aplicación, por fin entró en vigencia el reglamento de la Ley de Medicamentos; meses que estuvieron llenos de polémica y de versiones enfrentadas. Mientras los personeros del Gobierno defienden que la normativa beneficia a la población porque abaratará los costos de los medicamentos, la industria farmacéutica, en un notable despliegue mediático, ha puesto objeciones y ha alertado sobre los supuestos peligros de sacrificar la calidad de las medicinas y del desabastecimiento de algunas de ellas del mercado nacional. En medio de estas posturas encontradas está la mayoría del pueblo salvadoreño, la gente que a diario compra las medicinas y que poca claridad tiene ante los argumentos antagónicos de unos y otros.

En el país, el acceso a la salud se ha convertido en un lujo, al alcance solo de quienes pueden pagar. El conflicto que ha generado la aprobación y entrada en vigencia de la Ley de Medicamentos y su respectivo reglamento no se puede entender si no nos referimos a ese contexto. El derecho a la salud adolece de problemas estructurales; entre ellos, el acceso a los medicamentos es uno de los más significativos. Muestra de esta situación de injusticia estructural es lo que el PNUD afirma en su informe del año 2010: "El Salvador es de los pocos países en América Latina en los que el gasto privado en salud, estimado en más del 4% del PIB, supera al gasto público".

Hay que recordar que en El Salvador nunca se ha controlado el precio de las medicinas, nunca. Prueba fehaciente de esto es el estudio presentado en 2007 por el Observatorio de Políticas Públicas en Salud, del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud de la Universidad de El Salvador. La investigación determinó que el nuestro es el país que, a nivel global, compra y vende los medicamentos al precio más caro. Por ejemplo, la hidroclorotiazida, un producto para tratar la hipertensión arterial, se vendía localmente a un precio 480 veces más alto de lo que estipula el Precio Internacional de Referencia de la Organización Mundial de la Salud. Además, la investigación reportó que otros fármacos se venden entre 20 y 50 veces más caros que el precio de referencia.

La OMS ha establecido como límite máximo para el precio de una medicina el equivalente a un día de trabajo. Sin embargo, un salvadoreño que gana el salario mínimo urbano necesita destinar el dinero de 2.4 días de trabajo para adquirir un medicamento genérico. En otras palabras, con la justificación de dejar libre al mercado para que la ley de la oferta y la demanda defina los mejores precios para el consumidor, las ganancias de los que se lucran con la salud han sido exorbitantes. El nivel nacional de precios de los medicamentos demuestra que el mercado es incapaz de regular la economía a favor de la mayoría de la población. Así, la liberalización del mercado la han defendido y defienden los que saben que la balanza se inclina a su favor y en contra de los consumidores.

Esta situación posibilitó que diversos sectores de la sociedad clamaran por que se hiciera algo para poner límites a tan inhumana voracidad. En respuesta, se aprobó la Ley de Medicamentos y se creó el ente rector que garantiza su aplicación, la Dirección Nacional de Medicamentos. Según lo establece la ley, los precios de los fármacos se reducirán hasta en un 50% de su valor actual, lo que beneficiará a la economía de las familias salvadoreñas y al Estado, que es el principal comprador de medicinas en el país a través del Ministerio de Salud y del ISSS. En este sentido, la normativa es positiva. En contraparte, habrá que esperar transparencia por parte de las autoridades para saber quién o quiénes proveerán de medicamentos al sistema de salud, que ha sido fuente tradicional y codiciada de enriquecimiento para la industria farmacéutica.

Ahora bien, que la ley tenga el potencial de ser positiva para la gente no quiere decir que el modo de implementarla haya estado libre de falencias o que no habrá efectos colaterales perjudiciales para la población. La Dirección Nacional de Medicamentos y la Defensoría del Consumidor deben garantizar que, además de cumplirse la ley, la calidad de los medicamentos sea la mejor. Para que el beneficio de la nueva legislación sea integral, la calidad deberá estar asegurada. También mucho ayudaría fomentar la utilización de sistemas de información sobre precios de medicamentos, como el Observatorio de Medicamentos de Centroamérica.

Pero lo que está fuera de duda es la necesidad de poner coto a los márgenes de ganancia que hasta hoy se han recetado los que fabrican y comercian medicamentos. Márgenes de ganancia que deben ser reducidos, por supuesto, sin afectar la calidad de los productos. Un país con niveles de pobreza como el nuestro no puede permitirse tener los medicamentos más caros de la región. Un país en el que la población está acorralada por la desigualdad y la violencia, en el que buena parte de la suerte de los ciudadanos descansa en manos del crimen organizado, se merece medidas que estén específicamente orientadas a beneficiar la salud y el bolsillo de sus sectores más empobrecidos.