Seguridad privada e inseguridad nacional

Recientemente, el Director de la PNC reconoció el incremento en el promedio diario de asesinatos, que en las últimas semanas ha alcanzado los 16 homicidios. Un aumento que viene a confirmar lo lejos que se está de controlar el accionar de los grupos delincuenciales. La PNC sigue teniendo, pues, una gran tarea por delante. Como ya se ha señalado en múltiples ocasiones, la reducción de las tasas de criminalidad solo se podrá lograr con un trabajo continuado de largo plazo, en el que, además de reprimir el crimen, se apueste por la prevención de la violencia y se cuente con el apoyo decidido de la ciudadanía.

En las encuestas del IUDOP, los salvadoreños se han mostrado mayoritariamente a favor de prohibir la portación de armas de fuego. A pesar de este apoyo popular y de que las estadísticas muestran contundentemente que, en los últimos siete años, 8 de cada 10 homicidios se han cometido con armas de fuego, hasta ahora no ha sido posible que las autoridades limiten de forma adecuada la portación de armas. Estamos convencidos, y lo avalan todos los estudios especializados, que prohibir el uso civil de armas de fuego disminuirá drásticamente el número de asesinatos en nuestro país.

En esta línea, que el país está armado hasta los dientes no es noticia nueva. Pero sí lo es que tanto la Policía Nacional Civil como las empresas de seguridad privadas sean proveedoras de armas para los grupos delincuenciales y el crimen organizado. Los excelentes reportajes publicados recientemente por La Prensa Gráfica ilustran con datos fehacientes este hecho, que debe considerarse muy grave, pues si aquellos que tienen por oficio o negocio la protección de la población abonan a la inseguridad, aunque sea de forma involuntaria, en quién podrá confiar la ciudadanía. Según estos reportajes, en los últimos años, la Policía y las empresas de seguridad reportaron más de 3,722 armas extraviadas o robadas; un número suficiente como para asignar una a cada uno de los homicidios registrados en un año. Más preocupante aún: con seguridad, la cantidad es mucho mayor que la consignada.

Si ya es grave que la PNC haya perdido en sus 19 años de existencia 1,901 armas, más lo es que en solo dos años las agencias de seguridad privada hayan extraviado casi la misma cantidad. La proliferación de las empresas de seguridad privada y el gran número de personas que engrosan sus filas requieren de las autoridades un estricto control para evitar que estas compañías sean un problema más para la seguridad en nuestro país. A este respecto, la investigación de La Prensa Gráfica indica que el 60% de los guardias de seguridad no ha cumplido con el requerimiento de pasar el test de evaluación sicológica ni ha realizado el curso exigido para todo vigilante en la Academia Nacional de Seguridad Pública. Es inaudito que en las circunstancias tan críticas en las que vivimos esto se permita.

Ese poco control explica por qué se dan casos de vigilantes privados que sin mucha justificación disparan contra clientes de los negocios que resguardan, o por qué algunos de ellos son sorprendidos por la PNC con permisos de portación de armas vencidos. La legislación actual que regula a las empresas de seguridad tiene vacíos que permiten este descontrol. Es urgente modificar la legislación; como urgente es la prohibición definitiva y total de la portación de armas de fuego en manos de civiles. Si, como lo ha expresado, el Gobierno está realmente empeñado en atacar de raíz la delincuencia y el crimen organizado, y aportar así a la seguridad ciudadana, es hora ya de tomar esta decisión, aunque a algunos les duela financiera o ideológicamente. ¿Por qué seguir esperando?