Señalamientos internacionales

En El Salvador, se ha solido escuchar más al Gobierno estadounidense que a las instituciones internacionales de derechos humanos. Hoy la novedad es que no se presta oídos a ninguna instancia externa, mucho menos si tienen una palabra crítica sobre la marcha del país. Sin embargo, desoír a instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solo reafirma la creencia de que los problemas se resuelven con fuerza bruta. Tal vez esta aminore la violencia en algún momento, pero la frase tantas veces repetida de que la violencia engendra violencia responde a la experiencia universal de que los comportamientos injustos, tarde o temprano, provocan un aumento de la agresividad y el delito.

Diversas instancias internacionales están alarmadas por la falta de independencia de los poderes del Estado, por la inacción de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ante los abusos de las fuerzas de seguridad, por la parcialidad en los juicios y por la muerte de detenidos, algunos de ellos con señales de tortura. No se cumplen, además, estándares básicos de derechos humanos en los procesos vinculados al estado de excepción. Las quejas son serias. Y la desconfianza en las autoridades aumenta debido a la superficialidad con la que se rechaza o responde dichas quejas.

El director general de centros penitenciarios insiste en que todo está bien en las cárceles, pero es muy difícil creerle al ver las fotografías, publicadas por la misma institución que dirige, en las que se exhibe directamente el maltrato a privados de libertad. Las encuestas de opinión, si bien ofrecen datos de una aprobación relativamente amplia del estado de excepción, muestran cada día con mayor claridad que los abusos que se cometen contra los detenidos y sus familiares son rechazados y despiertan la crítica ciudadana. Negar garantías judiciales mínimas a los privados de libertad, así como información a sus familiares, hiere cada vez más la conciencia de la población.

La ONU le ha pedido al Estado salvadoreño que las ONG nacionales de derechos humanos tengan acceso “a las instituciones penitenciarias de manera que puedan monitorear el disfrute de los derechos consagrados” en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, ratificado por El Salvador. Por supuesto, a la mayoría de funcionarios públicos de alto rango y a los poderes del Estado afines y plegados al Ejecutivo les tienen sin cuidado los compromisos y acuerdos que El Salvador ha firmado y ratificado. Si todo es tan perfecto como dice el director general de centros penales, no se explica el miedo, secretismo y cerrazón absoluta que el Gobierno mantiene hasta la fecha. Ver a las instituciones de la sociedad civil como enemigas y no aprovechar sus señalamientos para mejorar el respeto a los derechos humanos es uno de los mayores errores del régimen actual. Prescindir de los tratados internacionales firmados y ratificados por El Salvador es una arbitrariedad que tendrá repercusiones en quienes ahora se ufanan de hacer lo que les da la gana.