Siempre el agua

La urgencia con la que comunidades, organizaciones sociales, la Iglesia católica, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y mucha gente dentro y fuera del país exigen la Ley General del Agua no es ningún capricho. La situación nacional en materia medioambiental (especialmente con respecto al agua) es crítica. Mientras que el promedio centroamericano de cobertura boscosa es del 38%, El Salvador solo tiene el 13%. Costa Rica, por ejemplo, tiene más de la mitad de su territorio cubierto de bosque. Esta limitante dificulta la filtración de aguas lluvias para recargar los acuíferos. De acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de los 360 ríos que se contabilizan, todos, excepto el Acelhuate, han perdido entre el 30% y el 70% de su caudal en los últimos 25 años. Los grandes acuíferos del país, según un informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la situación de los recursos hídricos, bajan un promedio de un metro cada año.

Los estudios del Ministerio también indican que el 90% de las aguas superficiales están contaminadas y que solo el 11% es tratable para convertirse en agua potable. Todos estos indicadores nacionales coinciden con estudios internacionales. La Comisión Económica para América Latina (Cepal), el Tribunal Latinoamericano del Agua y la Asociación Mundial del Agua advierten que nuestro país tiene la menor cantidad de agua disponible por persona y presenta una tendencia al estrés hídrico, es decir, a llegar al punto de no tener agua suficiente para el consumo de todos sus habitantes. ¿Qué más necesitamos para comprender que debe regularse todo lo relacionado con el agua? ¿Por qué el país se ha tardado tanto en legislar para protegerla (protegiendo así la vida de su gente)? ¿Por qué los partidos de derecha no quieren reconocer el derecho humano al agua? O actuamos cuanto antes, o nos enrumbamos al despeñadero.

Por fin, después de un estancamiento de varios años, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático reanudó la discusión de la Ley General del Agua el pasado 5 de septiembre, y lo hizo por la parte más controversial: la naturaleza del ente rector. Los cuatro partidos de derecha representados en la Comisión, GANA, Arena, PDC y PCN, votaron porque la institucionalidad que defina los lineamientos estratégicos sobre el agua sea una institución autónoma. Algunos sectores han protestado porque consideran que este paso es solo el preludio para la privatización del agua, pues una autónoma puede estar conformada por instancias privadas. Pero no hay que olvidar que también una institución autónoma puede estar compuesta por instancias del Estado. En realidad, el problema de fondo no radica en si el ente rector es una institución estatal o una autónoma.

La Dirección Nacional de Medicamentos, por ejemplo, es una autónoma con un trabajo orientado no al lucro, sino al beneficio de la población. Recientemente, organizaciones de víctimas de la guerra y organismos de derechos humanos presentaron ante la Asamblea Legislativa una propuesta de ley para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, en la que plantean que quien dirija el fondo de reparación sea una autónoma adscrita a un ministerio. La cuestión es, pues, la composición de la institución autónoma, lo cual se decidirá en las próximas sesiones de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. En este marco, sería puro cinismo que los partidos de derecha, después de las peticiones del Director Ejecutivo de la FAO, los Relatores para el Medio Ambiente de la ONU y la OEA, el arzobispo de San Salvador y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y de las más de 90 mil firmas de salvadoreños y salvadoreñas que exigen una ley general del agua que garantice este derecho humano, entreguen el ente rector a la empresa privada dándole una representación mayoritaria.

De consumarse ese peligro, sería una traición al país, el tiro de gracia a la ya crítica situación hídrica. El agua es un derecho humano y un bien público; por tanto, el Estado es el primer garante de ello. Si los diputados deciden entregar el ente rector a la empresa privada, las voces que todos estos años han clamado por una ley que garantice el derecho humano al agua se harán sentir con mucha mayor fuerza. No se puede permitir que el destino del agua sea conducido con criterios mercantilistas. No podemos permitir que pase con el agua lo mismo que sucedió con las pensiones: con la promesa de mejorarlas y asegurarlas, se privatizaron y ahora es el problema más agobiante para los jubilados y para las cuentas públicas. Una autónoma, sí, pero en la que se garantice la presencia mayoritaria de instancias del Estado.