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Mientras cada vez son más las voces que se alzan a favor de un diálogo político honesto que logre acuerdos para superar la crisis fiscal que vive el país, los partidos políticos son incapaces de sentarse en una mesa común. Actúan como verdaderos niños caprichosos, llorando sobre la leche derramada y planteando exigencias que la misma crisis hace imposible atender. Nadie que conozca de administración y de economía puede negar que la falta de liquidez de la hacienda pública solo puede resolverse por la vía de un mayor endeudamiento. Es urgente prestar los fondos necesarios para que el Estado haga frente a sus obligaciones. Pero una vez que ello se logre, habrá que alcanzar acuerdos más amplios que impidan que esta situación se repita. Acuerdos que deben sentar las bases para sanear las finanzas públicas y enrumbar al país en la senda del desarrollo social sostenible.
El FMLN es responsable del entrampamiento. Sabiendo que no cuenta con la correlación de fuerzas necesaria para aprobar nuevos créditos o modificar leyes que resuelvan el problema del pago de las pensiones, ha presentado y aprobado presupuestos deficitarios que obligan a la emisión de Letes, incrementándose así la ya abultada deuda pública. El FMLN es responsable porque no ha querido o podido implementar una verdadera política de austeridad en el aparato gubernamental ni ha priorizado aquellos gastos e inversiones que contribuyan al crecimiento económico. Al Frente le ha faltado cálculo político y capacidad estratégica para sacar adelante su política social sin abrirle las puertas a una crisis fiscal.
Tampoco Arena no puede eludir su responsabilidad en esta crítica situación. Fueron sus Gobiernos los que aprobaron la dolarización y la privatización del sistema de pensiones sin prever, o sin importarles, el costo económico y social. Fue una administración de Arena la que generalizó los subsidios en lugar de focalizarlos en las familias con mayor necesidad. Fueron funcionarios del partido de derecha los que crearon la obligación de que los fondos de pensiones compraran deuda pública y habilitaron que con ellos se pagaran las pensiones del sistema antiguo. A lo largo de veinte años en el control del Ejecutivo y ocho en la oposición, ha sido Arena quien se ha opuesto a aprobar un impuesto predial y un impuesto al patrimonio que habrían generado fondos directos para las municipalidades, balanceado los ingresos y los gastos del Estado, y abonado a la construcción de un sistema tributario más justo y progresivo.
La actual coyuntura no afecta solamente al Gobierno, sino también a la ciudadanía. Por de pronto, ha causado un incremento de los indicadores de riesgo país, lo que supone un mayor costo para los créditos, tanto públicos como privados; todos, pues, pagaremos tasas de interés más altas. Además, la iliquidez pública golpea a los proveedores del Estado, que no están recibiendo los pagos en el tiempo pactado. Esto podría desencadenar una cadena de impagos, problemas financieros en las empresas e incluso la pérdida de un importante número de empleos.
Si las finanzas públicas están en cuidados intensivos, es absurdo reclamar caprichos. Todas las fuerzas políticas deben asumir la responsabilidad que les corresponde; Gobierno y oposición deben buscar juntos, con la seriedad que el asunto reclama, una solución que favorezca a los salvadoreños. Una solución de largo plazo que, entre otros, corte el gasto excesivo, ataque frontalmente la corrupción en el Estado, ponga paro a la evasión y elusión fiscal, aporte eficiencia a los servicios públicos, apuntale la institucionalidad democrática, contribuya a la superación de la aguda desigualdad social e incentive el crecimiento económico.
Si la estrategia de la oposición es ahogar al Gobierno para garantizarse una victoria en las próximas elecciones, se equivoca. Si no se logra pronto un consenso para superar esta crisis fiscal, será el país el que terminará hundido. Y si la oposición llega a gobernar, no tendrá de otra que implementar tardíamente las medidas que hoy no quieren apoyar, pagando por ello un alto costo político y golpeando más a la ciudadanía. Se ha llegado a un momento en que no hay otra alternativa que sentarse a dialogar. Y dado que parece no haber la suficiente decisión por parte de los políticos, le corresponde a la sociedad exigir que dialoguen en serio y encuentren las soluciones necesarias para la viabilidad de El Salvador a mediano y largo plazo.
