Presionado por los cuestionamientos de la opinión pública ante la endémica y alarmante criminalidad que aqueja al país, el Presidente decidió hacer cambios en el gabinete de seguridad. Para algunos, estos nuevos nombramientos son una mera rotación de puestos. Es decir, cambiar todo para no cambiar nada y así garantizar la continuidad de la estrategia de guerra contra las pandillas, ahora liderada desde el nivel político por un policía de carrera. Ciertamente, existe el riesgo de que la llegada por primera vez al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de un policía de carrera implique la aplicación de un enfoque policíaco a las políticas de seguridad. Eso sería un grave error, pues la política formal que debe ejecutar el Ministro tiene un fuerte enfoque en la prevención y en la rehabilitación y reinserción; un enfoque en el que la PNC es un actor más en el andamiaje institucional requerido para encarar las causas y consecuencias de la violencia criminal.
Para otros, la capacidad operativa del exdirector de la Policía, ahora convertido en Ministro de Justicia y Seguridad Pública, puede marcar la diferencia con su predecesor en la ejecución efectiva de los planes y estrategias propuestos. Sin duda que la habilidad gerencial y ejecutiva de un funcionario como este es clave, pero también la existencia de una política y de las condiciones y capacidades institucionales para echarla a andar. Sin embargo, las condiciones no solo se refieren a los recursos para financiar las estrategias. El problema de fondo no es solo de recursos, sino también del liderazgo necesario para articular los esfuerzos y capacidades interinstitucionales e intersectoriales en función de los objetivos de la política y para lidiar con las tensiones al interior del propio Gobierno.
A juzgar por lo ocurrido en los últimos años, los obstáculos para avanzar no parecen provenir solo de la gran empresa privada o de la oposición, como insiste el Ejecutivo. Hay obstáculos de fondo que provienen del mismo Gobierno y del propio partido oficial que el Ministro, con el respaldo del Presidente, debería encarar. Hay problemas para construir una visión compartida del rumbo que debe imprimírsele a la seguridad; disputas de protagonismo entre funcionarios motivadas no solo por agendas personales, sino por tensiones entre grupos al interior del FMLN que pujan por hacerse del control del aparato de seguridad; hay compromisos y pactos con sectores que tienen intereses contrarios al bien común; hay falta de compromiso de muchos servidores públicos, que no dan más porque se han acostumbrado a la comodidad de sus oficinas; hay malos elementos y posiblemente estructuras vinculadas al crimen organizado dentro de la Policía y el Ejército, que hay que investigar y depurar; hay demasiada burocracia en el funcionamiento de algunas instituciones de seguridad; hay partidocracia y nepotismo en la elección de muchos servidores públicos, entre otros males.
Esto significa que para dar un verdadero giro en el tema de seguridad, hay que evaluar también hacia dentro con mirada autocrítica y objetividad. Es fundamental revisar y replantear el esquema actual de toma de decisiones y funcionamiento relativo a la seguridad. No se pueden repetir los errores de las administraciones anteriores, que nos llevaron por una arriesgada ruta y sin los cuales no puede entenderse el agravamiento actual de la criminalidad. Hay que tener el valor de hacer los ajustes internos requeridos, por muy traumáticos que puedan parecer al inicio. Hay que asumir los costos políticos del desgaste transitorio que suponen algunas decisiones difíciles. Hay que superar el mal entendido espíritu de cuerpo que muchas veces impide crecer institucionalmente.
Depurar y reestructurar la Policía y el Ejército, combatir la subcultura del abuso y excesos policiales, poner orden y limitar la injerencia de algunos funcionarios y cuadros prominentes del partido, exigir un buen desempeño a los funcionarios con base en resultados, delegar en función de las competencias y no por militancia política son solo algunas de las tareas internas que tiene por delante el nuevo Ministro si desea dar un giro. De otra manera, los cambios prometidos no llegarán o no se sostendrán por mucho tiempo. Los retos externos que encara el nuevo funcionario no son menos desafiantes, pero serán enfrentados con mayor efectividad e inteligencia si se cuenta con una institucionalidad fortalecida. La dramática situación que vive el país lo demanda. Ya no hay tiempo para desatinos, para ensayos de prueba y error, para luchas intestinas. No es un tema de partidos, ni de corrientes ideológicas, ni de intereses particulares. Se trata de una situación de vida o muerte, se trata de la viabilidad futura del país.