Sobre la propuesta gubernamental de salario mínimo

El salario mínimo no suele ser, especialmente en los países pobres, decente; en El Salvador es totalmente indecente. Pero el Gobierno ha hecho una propuesta que si se acepta puede convertirse en un primer paso hacia la justicia salarial. Ello no porque sea perfecta, que no lo es (hay otras que apuntan más alto), sino porque da un salto hacia la equidad y el reconocimiento del trabajo (sobre todo el rural), que hacía demasiados años ni siquiera se planteaba. Aumentar igual porcentaje a los diez diferentes y muy desiguales salarios mínimos existentes dañaba enormemente al sector agrícola. Hoy, al fin, aunque no se llega al ideal de un salario mínimo único, se propone pasar de diez a dos, y se acerca sensiblemente el salario del campo al de la industria y los servicios. Según la propuesta gubernamental, el mínimo para servicios, comercio, industria y maquila subiría a 300 dólares mensuales; y el salario agrícola, a 250. Para los costos de la vida, no es la solución ideal; pero si en el hogar trabajan dos personas, al menos se pueden acercar a la cobertura básica de las necesidades.

Para que el impacto de esta subida, que esperamos se dé, tenga el efecto adecuado en la economía, es necesario revisar a fondo la situación laboral de El Salvador. Si se tiene y mantiene a un 50% de la población económicamente activa en situación de informalidad, de subempleo o desempleo, el aumento del salario mínimo no tendrá el impacto adecuado. En el mejor de los casos, respaldará un poco más a la clase media vulnerable, es decir, a los sectores no pobres en riesgo de volver a la pobreza; pero no generará el desarrollo esperado. Es necesario poner los medios legales, institucionales y de apoyo para que toda la población laboral entre en la formalidad. La figura de los trabajadores autónomos formalizados tiene que aparecer en nuestro sistema laboral. Además, las injusticias machistas de la legislación actual contra las empleadas del hogar deben eliminarse. El campesino debe tener las mismas posibilidades legales y de servicio que cualquier otro trabajador formal. El Salvador ha clasificado a la población laboral con criterios desiguales, de viejo cuño racista. Y esa realidad, todavía hoy existente, está reñida absolutamente con el desarrollo, la justicia y la paz social.

Los trabajos agrícolas temporales no deben ser vistos de menos y condenados a la marginalidad. El corte de caña durante la zafra, por insistir en un conocido ejemplo, aparte de recibir un salario que no alcanza siquiera para cubrir las necesidades alimenticias, no está cubierto por el Seguro Social. Si queremos desarrollo, justicia y seguridad, el trabajo informal está llamado a desaparecer como fenómeno masivo en El Salvador. Y no puede haber trabajos formales, aunque sean temporales, sin salario decente y sin protección social con servicios y cobertura de calidad. Romper la maligna e irreflexiva tendencia salvadoreña a pensar que una parte de la población tiene más derechos que otra es indispensable para decir que hay un mínimo de coherencia con la Constitución, que nos considera a todos iguales en dignidad y derechos.

A nadie debería extrañarle que los policías protesten por los bajos niveles salariales que reciben. Y más cuando la falta de equidad salarial en el seno de la PNC es aguda. El salario de un nuevo agente de base equivale a la mitad de la paga inicial del oficial de más baja graduación (subinspector). Y la desigualdad sigue creciendo y haciéndose más grave con los años de servicio. Tener policías con el requisito mínimo de bachillerato y someterlos a un maltrato y una desigualdad salariales respecto a los mandos, no solo generará protestas tarde o temprano, sino también corrupción e ineficiencia. Pero entre nosotros, el lenguaje predominante es que la disciplina no se puede quebrar. Para quienes viven bien, el salario injusto es mucho menos importante que la disciplina. Con ese tipo de pensamiento retrógrado no iremos lejos.

Decimos que queremos avanzar en educación, mejorando la calidad de la misma y la cobertura, desde la primera infancia hasta los 18 años. Querer gente educada y mantener al mismo tiempo salarios deficientes y desiguales no resulta. Ambas realidades, educación y buena retribución salarial, deben caminar juntas. Nadie dice que sea fácil lograrlo. Pero muchos países lo han hecho, en algunos casos incluso en el plazo de una o dos generaciones. Oponerse a un salario mínimo decente no es más que optar por la continuación de la pobreza, la desigualdad y la violencia. Mantener salarios de 109 dólares, como el de la zafra, u obstinarse en aumentarles solamente un 3% podrá ser considerado legal, pero en realidad es un acto criminal y violento contra un buen grupo de salvadoreños.