La situación del país es cada vez más crispada; la confrontación sube de tono continuamente, mostrando no solo una agudización de la polarización, sino la creciente incapacidad de ponernos de acuerdo y resolver los problemas nacionales. La confrontación ya no es solo entre Gobierno y oposición; se ha extendido a otros poderes del Estado. El Ejecutivo y la Asamblea Legislativa se enfrentan con la Sala de lo Constitucional y viceversa; el Tribunal Supremo Electoral con los diputados, porque estos no le proporcionan el presupuesto necesario para su funcionamiento. Asimismo, la Fiscalía General de la República, por las modificaciones hechas a la ley de extinción de dominio, que impiden una efectiva lucha contra la corrupción. Y ni hablar de la permanente y mediática guerra de las gremiales empresariales contra el Gobierno.
Esta dinámica, aunque tenga razones objetivas, no abona en nada a la buena marcha de El Salvador; más bien está llevando a la parálisis, empuja al país a una situación cada vez más crítica, que dentro de unos años, sino meses, todos lamentaremos. Ya es claro que la apuesta de muchos es agudizar los problemas para volver imposible la gobernabilidad. La situación nacional es demasiado vulnerable, tanto política y económica como socialmente; agravar la crisis significará, a la larga, que habrá que invertir mucho más tiempo y hacer muchos más sacrificios para superarla. Si ello ocurre, los responsables serán los partidos políticos, las gremiales empresariales, los poderes del Estado y la misma ciudadanía, por no expresar su malestar de forma más contundente y exigir a los gobernantes y a la oposición la búsqueda de soluciones, no la intensificación de las contradicciones.
Es frustrante que los partidos se pongan de acuerdo tan fácilmente para proteger a los funcionarios públicos que han cometido actos de corrupción mientras son incapaces de hacerlo para resolver dos de los problemas más acuciantes de la actualidad: las crisis fiscal y de pensiones. La sentencia de la Sala de lo Constitucional que declara inconstitucional el Presupuesto 2017 por su desbalance entre ingresos y gastos, y por no reflejar todos los egresos del Estado, así como su decisión de no permitir el incremento del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, más allá de que se esté de acuerdo o no con los magistrados, muestran cuán importante y necesario es que las fuerzas políticas trabajen en conjunto para resolver ambos asuntos.
Pese a que no refleja todos los gastos, el Presupuesto de este año está desbalanceado porque el Estado requiere de más ingresos, y ello solo podrá lograrse mediante una reforma fiscal, ya sea elevando los impuestos existentes o aprobando unos nuevos. Tal como lo ha afirmado el Fondo Monetario Internacional, el balance no se alcanzará simplemente disminuyendo los gastos. Es necesario reactivar el impuesto al patrimonio y considerar un impuesto a los bienes inmuebles. Y vinculado al problema fiscal está el de las pensiones, cuyo pago representa un gasto insostenible para las débiles finanzas públicas, comprometiéndolas por más de 50 años. Sin embargo, las pensiones no solo son un problema fiscal, sino también ético y social.
Apenas un 20% de la población económicamente activa recibirá una pensión. Además, mientras la mayoría de los jubilados recibe una mensualidad insuficiente para vivir con dignidad, un grupo pequeño, alrededor del 10%, recibe una mucho más alta que la que le corresponde por lo que cotizaron. Más aún, el sistema de ahorro privado para pensiones es incapaz de ofrecer una jubilación digna, por muchas reformas que se le hagan, mientras que las AFP son las empresas más rentables del país. Sin una pensión digna y universal no es posible hablar de justicia social. Las reformas son urgentes; dilatarlas no es más que incrementar el daño y casarse con la pobreza y la desigualdad.
Ojalá que las fiestas en honor al Divino Salvador del Mundo den para una reflexión seria y pronta sobre estos asuntos, para reconocer que el camino que llevamos no hace honor a un patrón tan insigne, tan claro en su defensa de los pobres. Jesús llamó a compadecerse del que sufre, fue ejemplo cimero de que el poder solo se justifica cuando se utiliza para servir y que el verdadero amor se manifiesta en la capacidad de renunciar a sí mismo en beneficio de los demás. De todo ello debemos aprender para cambiar el rostro de nuestro país, para abandonar la necedad y el interés particular en función de una nueva sociedad en la que todos podamos vivir con paz y dignidad.