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Más allá de que en esta ocasión la propuesta de establecer en el país una comisión internacional contra la impunidad, al estilo de la que opera en Guatemala, haya salido de un representante del Gobierno estadounidense, esa posibilidad ya se había valorado, al menos en el ámbito de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Pero al igual que antes, la iniciativa ha recibido un categórico rechazo. Y en ese rechazo han coincidido plenamente el FMLN y Arena. Los acostumbrados —y casi siempre estériles— enfrentamientos entre los dos principales partidos políticos no tienen cabida en el tema de la lucha contra la impunidad.
“Traer intromisión extranjera en asuntos tan delicados como la administración de justicia no es lo más adecuado, porque nosotros tenemos instituciones fuertes surgidas de los Acuerdos de Paz”, aseveró Lorena Peña, actual presidenta de la Asamblea Legislativa. Por su parte, el coordinador general del FMLN argumentó lo mismo que Rodrigo Ávila dijo en 2010, cuando se opuso a una comisión anunciada por el entonces presidente Mauricio Funes. Medardo González afirmó que “avalar un organismo internacional significaría que el país ha fracasado en la creación de instituciones para controlar y castigar ese tipo de casos”. Además, los representantes del partido oficial han tratado de desprestigiar, infructuosamente, el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, que, con sus altos y bajos, ha tenido un papel protagónico en el combate contra la impunidad en el país vecino. Por su parte, el jefe del grupo parlamentario de Arena afirmó, en consonancia con Medardo González, que la Constitución del país atribuye la función de investigar el delito solo a la Fiscalía General de la República y que, por tanto, sería inconstitucional la creación de una instancia internacional con este mismo fin.
Hay que reconocer que El Salvador está, en términos institucionales, en mejores condiciones que Guatemala, donde el crimen organizado se infiltró en casi todas las estructuras de toma de decisión y gobierno. Pero de ahí a asegurar que tenemos una institucionalidad fuerte, que funciona sin tacha desde los Acuerdos de Paz, hay mucho trecho que recorrer. Tanto a los voceros del partido oficial como a los de Arena hay que recordarles que si la institucionalidad funcionara, la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, no hubiera cometido la aberración jurídica de interpretar como un aviso de localización la alerta roja que la Interpol giró en contra de los implicados en la masacre en la UCA. Si la institucionalidad funcionara, el caso de monseñor Romero y las masacres en El Mozote y el Sumpul no estuvieran cubiertos por la sombra de la impunidad.
Si la institucionalidad fuera fuerte y combatiera la impunidad, se hubiera investigado ya, con seriedad, profundidad y profesionalismo, la privatización de los bancos, de la que se beneficiaron grupos económicos cercanos al Gobierno de Alfredo Cristiani. Si la institucionalidad funcionara, el expresidente Francisco Flores, quien públicamente confesó el mal uso de dinero proveniente de Taiwán, ya hubiese sido condenado. Y qué decir del gran número de funcionarios públicos que han utilizado sus puestos públicos para fortalecer sus negocios personales. Además, hay que recordarles a Arena y al FMLN que el fin de la guerra civil no hubiese sido posible, o por lo menos no de la manera y en el tiempo en que se logró, sin el concurso de instancias internacionales que garantizaran el desarrollo y relativo cumplimiento de los compromisos.
El argumento de que no es necesario establecer una comisión internacional contra la impunidad porque nuestra institucionalidad es fuerte y funcional no se sostiene. Para que la oposición a la propuesta no se interprete como una maniobra para ocultar la corrupción de antes y de ahora, los partidos y el Gobierno deben dar signos claros e inequívocos de que les interesa combatir la impunidad, y para ello tienen que fortalecer la institucionalidad que combate e investiga el delito. Si la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se hace atendiendo a cuotas partidarias, si la elección del Fiscal General se convierte en un premio a la incapacidad y el servilismo, entonces se confirmará que la razón para oponerse a una instancia internacional contra la impunidad no es la presunta inconstitucionalidad del asunto ni la supuesta actuación eficaz de la Fiscalía y los tribunales de justicia, sino el viejo y conocido afán de proteger a quienes han violado la ley.
