A pesar de los escasos resultados obtenidos, es evidente que el Presidente y su equipo han realizado un gran esfuerzo por combatir el delito. Luego de dos años de gestión, y por primera vez en mucho tiempo, el Gobierno cuenta con un buen diagnóstico del estado de la criminalidad en el país y un plan operativo para enfrentarla. De este modo, la administración Funes está respondiendo a la población, que exige que se haga todo lo necesario para resolver una situación de inseguridad ciudadana, crimen y violencia a la que considera el principal problema de El Salvador. Un problema complejo dado que se estima que en el país operan cerca de 400 grupos criminales que suman unas cien mil personas, cuentan con abundantes recursos económicos y tienen a su disposición armamento cada vez más sofisticado.
El plan operativo que el Gobierno ha dado a conocer se basa en una premisa fundamental: todos los órganos del Estado responsables de la seguridad deben trabajar articuladamente para combatir el delito. La constitución del Gabinete de Seguridad, integrado por los ministros y directores de las instituciones del Gobierno vinculadas al combate del crimen, ha sido un paso decisivo para posibilitar esa coordinación al interior del Ejecutivo. También lo es que las inteligencias del Estado, Policía, Ejército y Dirección de Centros Penales hayan logrado superar sus diferencias y recelos en pos de trabajar conjuntamente contra el crimen. Este es un gran avance; de funcionar adecuadamente, tendrá resultados positivos importantes. Ante el crecimiento y la expansión territorial de las organizaciones delictivas, no tiene sentido que cada una de las instancias que inciden en la seguridad actúe por su cuenta, sin ningún tipo de coordinación entre ellas. La descoordinación y la falta de trabajo conjunto explican en parte la insostenible situación de inseguridad que vivimos.
A este trabajo articulado, de estrecha colaboración, deben unirse la Fiscalía General de la República y el sistema judicial. El papel de la Fiscalía es fundamental en el combate al crimen, y duele e indigna que la institución no esté realizando su función a cabalidad. Se sabe que muchas de las demandas que llegan hasta la Fiscalía son desechadas, no son investigadas adecuadamente o quedan en abandono (no son trasladadas a los juzgados). Y ello ocurre no solo con delitos de poca monta, sino también con los de mucha gravedad, que han causado terrible daño a la sociedad y cuyos autores constituyen una seria amenaza para la seguridad de la población. Si la Fiscalía no acepta el apoyo de una comisión investigadora internacional para los delitos de mayor gravedad, debe demostrar a la sociedad salvadoreña que está dispuesta a luchar contra la criminalidad con todas sus fuerzas y que tiene la capacidad para alcanzar éxitos.
El sistema judicial tampoco puede quedarse al margen de este esfuerzo común. En la medida que le sea posible y sin afectar su independencia, debe coordinar sus acciones y apoyarse debidamente con las instancias anteriormente señaladas, que son las que construyen los expedientes delictivos. Se requiere un sistema que funcione más eficazmente, que no demore tanto los procesos judiciales. Se sabe que el órgano de justicia también ha sido infiltrado por los grupos delictivos y criminales. Se conoce de jueces que fácilmente se dejan corromper y exoneran de culpa a los delincuentes. Todo ello es inadmisible; más aún en una sociedad como la nuestra, con tan grave problema delincuencial. Es urgente que las autoridades del sistema judicial, la Corte Suprema de Justicia en pleno, tomen cartas en el asunto y agilicen las reformas administrativas necesarias para impartir una más pronta justicia. Igualmente es urgente que se agilice el proceso de depuración de los malos jueces.
La gente ya no puede esperar más. La seguridad ciudadana es un derecho social y el Estado debe garantizarlo. Si ahora se ha abierto una oportunidad para que las fuerzas del Estado se unan en el combate al crimen, también la población debe unirse y poner de su parte, cada quien según sus posibilidades, para apoyar este esfuerzo. Este es el único modo de realizar el gran anhelo de que un día cercano vivamos en paz en El Salvador.