Tareas pendientes del Gobierno de Funes

A dos años de haber asumido la dirección del Gobierno, es un buen momento para hacer un balance de la gestión del presidente Funes. El último sondeo de opinión pública del IUDOP arroja algunos datos importantes para una primera aproximación. Estos nos muestran una población bastante divida respecto al desempeño de la administración Funes. El Gobierno aprueba con una nota de 6.16, y algunos de sus ministros obtienen notas más altas, como el de Educación (7.69) y el de Turismo (7.39), que son los mejor evaluados. Por otro lado, al evaluar la gestión del Presidente, la cual se refiere a su actuación personal como jefe del Estado, el 64.4% de la población considera que Mauricio Funes está haciéndolo bien o muy bien. Sin embargo, ello no es obstáculo para que la población sienta lejano o muy lejano al Presidente, o estime que no escucha las demandas de la población. Además, el 60 % de la población ha notado algún cambio que le ha afectado negativamente en este último año.

Al comparar este sondeo de opinión con los realizados al final de los 100 días y luego del primer año de gestión, se observa un deterioro importante en la opinión favorable de la población. Este deterioro se explica por el mismo ejercicio del gobierno, que sin lugar a dudas no puede satisfacer a toda la población y menos cuando se generaron tan altas expectativas ante la llegada del FMLN al Ejecutivo.

Estas altas expectativas se debieron a varias causas: por primera vez en 20 años se daba una alternancia en el Gobierno de la República, la oposición asumía el poder con una propuesta de cambio y el nuevo presidente detentaba un gran prestigio, acumulado a lo largo de los años por su brillante desempeño como periodista y analista político. Todo ello unido al legado de los sucesivos Gobiernos de Arena, partido que se mostró incapaz de resolver los graves problemas de la nación y de lograr que el desarrollo económico llegara a las mayorías. En contraste, sí había sido muy exitoso en favorecer el enriquecimiento de las élites salvadoreñas, haciendo crecer la desigualdad en el país y permitiendo el incremento de la inseguridad ciudadana.

Así las cosas, la administración del presidente Funes inició con un alto nivel de apoyo entre la población. Eran muchas las esperanzas puestas en él y en su Gobierno, en medio de un gran deseo de cambio en la gente. Dos años después, la opinión pública está dividida respecto al cambio que se prometió: mientras casi el 60% de la población considera que este ya está dándose y que el Gobierno de Funes representa un cambio positivo, el resto percibe que todavía no se han dado las transformaciones que el país necesita.

Si bien es cierto que hoy las expectativas ciudadanas son bastante menores que hace dos años, gran parte de la opinión pública le reconoce algunos logros al Gobierno y percibe que está cumpliendo parcialmente con las promesas de campaña. En la misma línea, son muy bien valoradas las medidas que han beneficiado a la población con menos recursos: los paquetes escolares, las transferencias a las familias más pobres, el programa Casa para Todos, las pensiones a los adultos mayores, el subsidio al gas, la eliminación de los cobros en los hospitales y la atención a la mujer.

En sentido contrario, la población expresa su descontento por aquello que no funciona o que el Gobierno no ha sido capaz de resolver. El fuerte incremento en el costo de la vida en el último año preocupa al 82% de la población y le ha supuesto a muchas familias cambiar sus hábitos alimenticios, de transporte y de estilo de vida.

Tres años le quedan al Gobierno para finalizar su período; y a partir de lo que piensa y expresa la población, tres son las tareas fundamentales que enfrenta. La primera, seguir trabajando arduamente en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Para recuperar la seguridad y la tranquilidad ciudadanas, debe implementar nuevas estrategias, en las que se fortalezca la actividad preventiva junto a la actividad coercitiva. La segunda, implementar un nuevo modelo de desarrollo basado en la producción y no en la especulación, que permita un crecimiento económico cuyos beneficios lleguen a toda la población, no solo a pequeños grupos. Un modelo que haga a la economía salvadoreña menos vulnerable a las crisis internacionales y que favorezca la inclusión. Y la tercera tarea es asegurar que el Estado tenga los fondos necesarios para poder impulsar estos proyectos sin hipotecar nuestro futuro. Para ello es esencial impulsar una reforma fiscal progresiva y adecuada a la realidad del país, junto a políticas de austeridad en el gasto público y de transparencia en el uso de los recursos estatales.